*Además de ser señalado como operador y prestanombres del exgobernador “Alito” Moreno, el arquitecto Juan José Salazar Ferrer, también es consentido de la Auditoría Superior del Estado de Campeche
*Desde 2019, la Asecam pactó el arrendamiento por 7 años de sus oficinas a Salazar Ferrer, por 82 mil pesos mensuales que suman 6.9 millones de pesos al terminar ese lapso
*El Auditor del Estado, Javier Hernández Hernández, se ha convertido en tapadera de las corruptelas detrás del “arquitecto” de “Alito”, Juan Salazar Ferrer
Redacción/
Sol Campeche
Campeche. – Pese a estar señalado por presuntamente ser pieza clave en la red de operaciones fraudulentas detrás de las riquezas mal habidas del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por ser su “arquitecto de cabecera”, Juan José Salazar Ferrer también es un proveedor consentido por la propia Auditoría Superior de Campeche (Asecam), pues desde el 2019 le rentan un edificio para sus oficinas, mediante un contrato de siete años que terminará hasta 2026.
Por ello el actual auditor del estado, Javier Hernández Hernández dobla las manos ante las corruptelas dadas a conocer de “Alito” Moreno, manteniendo vigente dicho contrato de arrendamiento por el inmueble ubicado en la av. Patricio Trueba y de Regil, donde tiene sus oficinas de lujo.
Además, el propio auditor del estado tiene un oscuro historial detrás de sí en su entidad de origen, Veracruz, desde donde vino invitado por el presidente del Congreso, Alejandro Gómez Cazarín, para ser impuesto en la Asecam, debido a que son paisanos y pertenecen a un mismo grupo político.
Por ello, Javier Hernández Hernández se ha convertido en el “auditor carnal” de esta administración estatal morenista, e incluso de la anterior priista; pues sólo está de tapadera de las irregularidades tanto de su paisano Alejandro Gómez Cazarín, como de los contratos de rentas con el “arqui” de Alito, Juan José Salazar Ferrer.
Ese empresario fue señalado por la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que evidenció supuestas triangulaciones de Alejandro Moreno Cárdenas, para adquirir propiedades a precios bajos y posteriormente “cederlos” a sus amigos y familiares para así revenderlos a precios mucho más elevados.
Presuntamente, “Alito” y Salazar Ferrer serían propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche, según reportes del Registro Público de la Propiedad (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam).
La residencia del exgobernador campechano, ubicada en Lomas del Castillo, está conformada con al menos cuatro predios a nombre del arquitecto favorito, algunos se encuentran en poder de familiares de “Alito”.
Por si fuera poco, Juan José Salazar Ferrer es acusado de ser el presunto prestanombres de Alito, pues fue secretario del Patronato de Campeche A.C. durante la administración de Moreno Cárdenas, además de que se encargó de que el Gobierno Estatal pagara por rentar sus edificios y se enriqueciera a costa con dinero público.
Esa misma estrategia es seguida por las mismas autoridades, como el auditor Javier Hernández Hernández, quien mantiene un contrato de arrendamiento con el arquitecto Juan José Salazar Ferrer, con la Asecam.
En el contrato de renta se señala la ubicación del espacio solicitado en la planta alta del predio urbano marcado con el número 255, ubicado en la Avenida Patricio Trueba y de Regil, de la colonia Sector Las Flores de Campeche.
El concepto de pago de la renta derivó en que el primero de cada mes, a partir de septiembre del 2019, se entregarían 82 mil 918. 50 pesos. El acuerdo tiene una duración de 7 años, por lo que Salazar Ferrer estaría cobrando cada año 971 mil 016 pesos, haciendo una suma final hasta el 2026 de 6 millones 965 mil 112 pesos al cierre del acuerdo.
Los gastos por consumo de energía eléctrica y teléfono, así como a cubrir las multas externas, cuidado de la limpieza o a cualquier otro requerimiento que se exigiera. Además, todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se sumen con motivo del contrato, serían por cuenta exclusiva de las autoridades estatales.
AUDITOR CUESTIONADO
Javier Hernández es el auditor carnal impuesto por el presidente del congreso Alejandro Gómez Cazarín, y sigue manteniendo al arquitecto de Alito Moreno, pese a todo el tufo de corrupción que pesa sobre dicho personaje.
Pero el mismo auditor está salpicado de corrupción, Javier Hernández tiene cuentas pendientes en Veracruz de las cuales viene huyendo, puesto que está vinculado con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y parte del desfalco al erario estatal, en su caso, el que se hizo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) entre 2010 y 2016, años en los que fue asesor de la presidencia de este organismo.
Javier Hernández ha sido duramente criticado en su Estado por brincar de partido en partido, del PAN al PRI y de ahí a Morena, gracias a lo cual ha tenido diversos cargos desde los cuales ha servido a quienes lo han puesto ahí. Entre sus ocupaciones destaca el de consejero del extinto Instituto Electoral Veracruzano (IEV), posteriormente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), integrante del Consejo de la Judicatura, asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEV), y luego magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Por todos esos antecedentes, en los corrillos políticos tanto veracruzanos como campechanos, crecen las sospechas de que el cargo de Javier Hernández como Auditor Superior de Campeche es sólo un pago de favores y encubrimiento ante el avance de las investigaciones en el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Aunque inició su carrera a la sombra del panismo, entre 2010 y 2015, Javier Hernández fue arropado por el PRI de Javier Duarte de Ochoa, al llegar al Poder Judicial como integrante del Consejo de la Judicatura y asesor del presidente de este organismo, Albero Sosa Hernández.
Desde ese cargo, Javier Hernández fue señalado de ser la principal tapadera del presidente Alberto Sosa Hernández, pues como su asesor y consejero de la Judicatura fue “cuidador” de intereses y aprobó movimientos financieros del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, ya que estuvo al frente de la Dirección de Situación Patrimonial del Poder Judicial, en lugar de ocupar los fondos para la capacitación de servidores públicos en torno al nuevo Sistema Penal Acusatorio, como estaban destinados, habrían sido desviados.
