Portada

SIMULACIONES Y MENTIRAS

  • Mientras en la administración de “Alito”Moreno se firmaron contratos por más de 165 millones de pesos, el sustituto Aysa González prometió que invertiría 60 millones pero no hay contratos
  • La actual gobernadora Layda Sansores ha revelado que las 403 cámaras que sigue pagando el nuevo gobierno no están en operación

Redacción/Sol Campeche
(Última parte)

Campeche.– No obstante, no habían pasado ni tres meses de este contrato cuando la administración de Alejandro Moreno firmó un convenio modificatorio con la empresa Interconecta S.A. de C.V., para cambiar el modelo de las cámaras.
Sin brindar explicación alguna, la SAIG firmó el convenio 004/2017, mediante el cual se sustituyeron las cámaras de videovigilancia IP fija, con carcasa para exterior, marco AXIS, modelo Q1615-E MK II, por las del modelo Q1635-E.

Ni la administración de Moreno Cárdenas, ni Interconecta explicaron, justificaron o argumentaron en el documento signado el cambio en el contrato, que consistió en la sustitución de modelo de cámaras de videovigilancia que se siguen pagando hasta el día de hoy, pero sin que funcionen al 100 por ciento.

VIL SIMULACIÓN

El uso indiscriminado de cámaras contra la delincuencia común ha sido criticado por especialistas por generar procesos de clasificación social que derivan, algunas veces, en forma de exclusión social, y por poner los datos personales que administra en un espacio de indeterminación jurídica.

Pese a los pésimos resultados del gasto millonario, en 2018 “Alito” Moreno volvió a repetir este esquema de seguridad pública, al firmar un contrato más con el expediente 061-2018 de la SAIG, de nueva cuenta con Interconecta S.A. de C.V., pero en esta ocasión en propuesta conjunta con la empresa Integradores de Tecnología S.A. de C.V., pero en esta ocasión sí se compraron los equipos de videovigilancia.

Los servicios contratados fue en dos partidas por un monto total de 48 millones 841 mil 11 pesos, por dos partidas, la primera de estas incluyó los servicios integrales de telecomunicaciones para el fortalecimiento del proyecto de videovigilancia del estado de Campeche, que comprendió 43 videocámaras para Campeche, 21 para el municipio de Carmen, y 12 para Candelaria.

La segunda partida fue también para servicios integrales de telecomunicaciones para el fortalecimiento del proyecto de videovigilancia, consistente en 59 cámaras para Campeche y 45 para Ciudad del Carmen.

Con este último contrato, sumaron en total 165 millones 686 mil 456 pesos pagados a una sola empresa para dotar de cámaras al Consejo Estatal de Seguridad Pública.

No obstante, ya con el sustituto Carlos Miguel Aysa González, en 2020 prometió que invertiría 60 millones de pesos de recursos federales y estatales para la colocación de otras 400 cámaras de videovigilancia más en las ciudades campechanas para combatir la delincuencia.

MIL CÁMARAS, UNA FALACIA

Aysa González manifestó que sería una inversión conjunta y que sumaría alrededor de 400 cámaras de videovigilancia, a las más de 600 que estaban en funcionamiento.

Pero todo se trataba de una vil mentira, ya que no existen más contratos relacionados con videocámaras para el Consejo Estatal de Seguridad Pública en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que jamás han operado en la entidad las supuestas mil cámaras.

Además de ello, por las 403 cámaras que sigue pagando el nuevo gobierno de Layda Sansores, ha revelado que no están en operación, por lo que se han iniciado investigaciones de los contratos millonarios entregados por Alito Moreno en la simulación de la seguridad pública.