*La empresa propiedad de los multimillonarios Carlos y Óscar Constandse Madrazo, primos del ex gobernador Roberto Madrazo, y de Miguel Quintana Pali, cuñado del ex canciller y ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, devastan y sobre explotan las zonas de mangle y selva, así como la alteración de ríos subterráneos y cenotes
Redacción/Sol Quintana Roo
Playa del Carmen.- La muerte del adolescente de 13 años a consecuencia de un accidente ocurrido en el parque Xenses del Grupo Xcaret, en la Riviera Maya, ha destapado una serie de irregularidades en las que viene operando la empresa de reconocimiento mundial.
Sin embargo, las autoridades federales no han volteado a ver las violaciones sistemáticas a las concesiones que les fue otorgada a los multimillonarios empresarios dueños del grupo que poseen al menos una decena de parques acuáticos y recreativos en la zona norte de Quintana Roo.
El poder económico y político que poseen los hermanos Carlos y Óscar Constandse Madrazo y Miguel Quintana Pali, les da las atribuciones para devastar y sobre explotar las zonas de mangle y selva, así como la alteración de ríos subterráneos y cenotes para la explotación comercial.
Las concesiones de los parques ecoturísticos propiedad de empresarios que tienen lazos familiares con los archienemigos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ellos son el ex dirigente nacional priísta Roberto Madrazo Pintado, y con el secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría.
Los parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses, Xavage, El Garrafón, así como sus Hoteles, son manejados por Grupo Xcaret, del que forman parte Carlos y Óscar Constandse Madrazo, primos del ex gobernador y excandidato presidencial Roberto Madrazo, así como Miguel Quintana Pali, cuñado del ex canciller y ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría.
Según el Diario Oficial de la Federación, con fecha 26 de febrero de 2007, le fue otorgada la concesión a la Promotora Xcaret S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación consistentes en zona marítima para la operación de un muelle marginal de concreto, un espigón, una escollera y áreas de encierro, de uso particular, propiedad de la Nación, al Sur de Playa del Carmen, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cozumel, estado de Quintana Roo.
El documento establece que podrá usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en zona marítima para la operación de un muelle marginal de concreto en el espigón de enrocamiento, con una superficie promedio de 80 m2, un espigón y una escollera con una superficie de 9,528.59 m2 y de 3,817.20 m2, respectivamente, dentro de las cuales se encuentran dos delfinarios, ambos con una estructura de madera, el primero de 488.04 m2, con una superficie de encierro de delfines de 2,063.28 m2, y el segundo, corresponde a 478.88 m2 y un encierro de delfines de 1,540.95 m2, dentro de una superficie total de 17,996.94 m2, ubicados frente al antiguo Rancho Xcaret, 6 kilómetros al Sur de Playa del Carmen, Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo.
Se acompañan como anexo siete de los planos DGP-01 y DGP-02 de 10 de diciembre de 2004, EXP.XCAR-01.08.15, en los que se detallan las medidas, colindancias y localización de las obras concesionadas.
Sin embargo, el documento establece una serie de condiciones, las cuales el Grupo Xcaret no respeta.
En otras, la condición quinta establece las medidas de seguridad. “La Concesionaria deberá adoptar las medidas conducentes para garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias, de las embarcaciones y, en general, de las personas y los bienes, para lo cual se encargará de abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto impedir el libre acceso a las zonas marítimas.
Abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de construcción o dragado, cuando no tenga o le sea revocado o suspendido el correspondiente dictamen favorable de impacto ambiental, emitido por las autoridades federales, estatales y municipales en materia ambiental, presente el correspondiente proyecto ejecutivo y obtenga las demás autorizaciones que se requiera expedir para obras o construcciones no contempladas en este título por parte de esta Secretaría y otras autoridades competentes.
Los documentos respectivos formarán parte integrante del presente título;
Garantizar el libre tránsito por las zonas federales de tierra o de agua, para cuyo efecto, establecerá accesos específicos, en el entendido que La Secretaría podrá determinar los que considere necesarios.
Conservar en óptimas condiciones de limpieza e higiene las áreas concesionadas y, observar el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques 1973 y su Protocolo 1978 (MARPOL 73-78);
Gestionar y obtener de las autoridades competentes las autorizaciones que correspondan para la descarga de aguas residuales, así como para ejecutar las obras e instalaciones que se requieran, a efecto de que se descarguen en la red de drenaje municipal u otro medio idóneo para impedir la contaminación de las zonas federales de agua.
No permitir o tolerar en las áreas concesionadas el establecimiento de centros de vicio y la práctica de actos que vayan en contra de la Ley, la moral o las buenas costumbres;
Informar a la Secretaría de las modificaciones que por causas naturales o artificiales sufran las zonas concesionadas, inmediatamente que tenga conocimiento de ellas.
Observar las normas que en, materia de impacto ambiental, señale la autoridad competente para la operación de los bienes concesionados;
Cuidar que las instalaciones portuarias concesionadas, se mantengan en condiciones óptimas de seguridad para las personas que hagan uso de las mismas, y
Cumplir con las demás obligaciones que, en materia de seguridad de las instalaciones, establezcan los tratados y convenios internacionales, las disposiciones legales, administrativas, el presente Título de Concesión, La Secretaría y demás autoridades competentes.
Para grupos ambientalistas y Asociaciones Civiles, “existe una gran inquietud respecto de las bondades que arrojan esas concesiones, pues las esas riquezas naturales de las que fue despojado el pueblo sólo ha generado opulencia para unos cuantos y pobreza para muchos.
Las empresas concesionarias como las del Grupo Xcaret usufructúan los bienes públicos y se han convertido en verdaderos oligopolios.
Para la presidenta del Grupo Ambientalista del Mayab, Aracely Domínguez, desde el inicio de la construcción del parque Xcaret, en 1985, estuvo plagado de irregularidades hasta que arrancó en 1990.
“Todo el ambiente natural fue transformado para los turistas. Se dinamitaron las bóvedas de las cavernas y se construyeron canales artificiales para construir el río subterráneo”, dijo.
Agregó que el borde de la caleta fue «arreglado» y del río subterráneo sacaron todas las piedras grandes del fondo y cuando construyeron la primera sección, quitaron toda la vegetación y trajeron palma kuka, en peligro de extinción.
“Hubo denuncias y se aplicaron sanciones por violaciones a las leyes de medio ambiente, pero hasta ahí llegó y actualmente la gente cree que llega a un lugar natural, pero todo lo que hay hoy es artificial”, comentó la ambientalista.
Por su parte, la presidenta del Grupo Gema calificó como un error muy grave del gobierno federal la concesión de Xel-Há, que era un espacio público con una caleta natural de gran belleza, que actualmente ya no es tan “natural”.
Por otra parte, también cuestionó la apropiación del parque de los vestigios arqueológicos, tanto en Xcaret como en Xel-Há, donde el acceso para visitarlos ha quedado prácticamente vedado.
Reconoció que los parques del Grupo Xcaret se enfocan al turismo de alto poder adquisitivo, donde para entrar los vestigios, al mar o simplemente caminar por la costa, se requiere dinero.
“Le quita al pueblo el disfrute de lugares que antes eran de recreación para todos los mexicanos. Es la privatización que hace más rico al rico», aseguró Araceli Domínguez.
Pero los incidentes dentro de las instalaciones de los parques por “errores humanos” no son nuevos y en los 30 años que tiene operando el grupo de parques se han cobrado varias vidas.
En diversas ocasiones, Greenpeace en México ha señalado a Grupo Xcaret entre las empresas más peligrosas y que ponen en riesgo el entorno.
«Es necesario impedir que se sigan destruyendo manglares a cambio de compensaciones económicas e impedir la construcción de centros turísticos no sustentables y que sólo dejan beneficios en el corto plazo».
«Basta de autorizaciones ilegales, intentos por debilitar la ley y de construcciones de desarrollos turísticos sobre los manglares», señala el organismo internacional.
Grupos ecologistas han denunciado que en su afán por expandirse pasan por encima de leyes ecológicas. Y a pesar de que los complejos turísticos se enfrentan a denuncias por invadir zonas de manglar, los proyectos crecen.
