- La PGJE se dedicó a denostar al periodista asesinado y acusarlo de adúltero, borracho, distribuidor de drogas y traficante ilegal de terrenos, en lugar de investigar a fondo la problemática que había denunciado
- María Olayo, viuda del periodista Alberto Velázquez, se encuentra en el desamparo total. Desde la muerte de su esposo, hace ya trece años, ha batallado sola para sacar adelante a sus cuatro menores hijos
- La viuda exige que se reabra el caso, que encuentre al asesino, a los autores intelectuales, porque considera que participaron muchos para realizar este crimen
Redacción/Sol Quintana Roo
(Segunda y última parte)
Tulum.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Bello Melchor Rodríguez Carrillo, en el sexenio de Félix González Canto, abrió diferentes líneas de investigación para no avanzar en ninguna. La dependencia estatal se dedicó a denostar al periodista asesinado y acusarlo de adúltero, borracho, distribuidor de drogas y traficante ilegal de terrenos, en lugar de investigar de fondo la problemática que había denunciado y que a la postre provocó el escandaloso crimen.
El gobernador Félix González Canto, mandó a publicar en todos los diarios de la entidad que “se llegaría hasta las últimas consecuencias” para esclarecer el crimen del periodista. Está por demás decir que nada se realizó y que ahora el caso sigue pendiente en la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que alista su veredicto que tal como se espera, podría llevar a la cárcel hasta el mismo presidente municipal, Marciano Dzul.
Los testigos del alevoso crimen, señalaron que después del ataque, nunca apareció la policía y que los asesinos tranquilamente se fueron a bordo de una motocicleta, hacia la terracería del ejido de Tulum, por donde está la tienda “La Favorita”.
Y desde entonces, a pesar de las promesas de justicia, no se ha hecho nada, ni siquiera para aliviar el dolor de los familiares de la víctima. Hasta la fecha María Olayo, viuda del periodista Alberto Velázquez, se encuentra en el desamparo total. Desde la muerte de su esposo, hace ya trece años, ha batallado sola para sacar adelante a sus cuatro menores hijos, porque ninguna autoridad los ha apoyado. Ella ha sido padre y madre y vive en una casa de interés social que aún no termina de pagar.
Recuerda que su marido, el periodista José Alberto Velázquez López, fue invitado a trabajar al municipio de Tulum por Gilberto (Chino) Gómez Mora, que en ese tiempo era enemigo político de Marciano Dzul, pues disputaban la candidatura a la presidencia.
La esposa de la víctima, hace revelaciones importes en lo que fue el último mes de vida del comunicador. Él había sido intimidado antes de la ejecución, había sido, señala, amenazado de muerte y hasta le tiraron a las puertas del periódico una bomba molotov para que no continuara con sus denuncias.
Hay que recordar que la noticia más grave que había publicado, y que acaparaba sus portadas de las últimas semanas, era referente al despojo realizado en la franja costera que se conoce con el nombre de Punta Piedra y por señalar la corrupta complicidad de las autoridades de entonces, la estatal como la municipal.
En la lucha por sobrevivir, la viuda incluso ha solicitado se reabra la carpeta de investigación y lograr que el crimen de su esposo no quede impune, petición que fue turnada a la Fiscalía General del Estado. Narra María Olayo que “estaba de por medio un carro que jamás me quisieron entregar, pero me dijeron que si me lo entregaban, tenía que firmar para cerrar el caso”. Ella no quiere abandonar su lucha y la demanda está interpuesta anta la Fiscalía General de la República (FGR), y considera que en cualquier momento puede girar una orden de aprehensión contra el presidente municipal Marciano Dzul y quienes resulten responsables.
La esposa del periodista asesinado, rememora que en un principio, incluso aceptó hablar con el entonces Presidente Municipal y que todo fueron promesas, porque nunca se hizo nada. Exige que se reabra el caso, que encuentre al asesino, a los autores intelectuales, porque considera que participaron muchos para realizar este crimen.
EL ROBO DE PUNTA PIEDRA
La disputa por los terrenos de Punta Piedra en Tulum, fue iniciada por un grupo de millonarios norteños que encontraron la complicidad del gobierno estatal de Félix González Canto, junto al municipal, entonces comandado también por Marciano Dzul, para realizar una serie de atropellos y hasta crímenes, que culminaron con el despojo de los campesinos tabasqueños, del ejido José María Pino Suárez.
Desde entonces, más de 150 colonos que compraron legalmente alrededor de 300 hectáreas en la costa de Tulum a ejidatarios, empezaron a ser amenazados, encarcelados y despojados para beneficiar a las familias Garza Ponce, Schiavon, Montemayor García y Villarreal Elizondo, todas de Monterrey, Nuevo León.
Los intereses han sido de tal magnitud en todo este negociazo inmobiliario, que recientemente han logrado engañar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer y el procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón, declararon contra toda la evidencia documentada que existe, que el ejido José María Pino Suárez, de Tulum, no tiene ninguna colindancia con el mar. Es decir, entregan todo ese negocio a los tiburones inmobiliarios que han alterado documentos por varios años y que festejan con prepotencia que ahora les han entregado todo.
