*En torno a dicha planta, hay toda una confusa historia y cuenta con más de 6 mil metros cuadrados y se localiza sobre la carretera Fresnillo-Sombrerete; fue embargada en 2003 por el gobierno estatal que encabezaba Ricardo Monreal
*En una deshidratadora de chile propiedad de Cándido Monreal y se han visto movimientos de personas que no son habitantes del lugar y aunque ya terminaron las labores se sigue observando mucho movimiento y se rumora que se trata de los “Z”
Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México
Ciudad de México.- David y Cándido Monreal Ávila, junto con el desaparecido Juan Carlos, son propietarios de la planta deshidratadora de chiles San Felipe y la hija de Ricardo, María de Jesús Monreal Pérez, también es copropietaria de la referida planta.
En torno a dicha planta, hay toda una confusa historia.
El terreno donde se ubica la planta, de más de 6 mil metros cuadrados, se localiza sobre la carretera Fresnillo-Sombrerete y fue embargada en 2003 por el gobierno estatal que encabezaba Ricardo Monreal, como mandatario, de 1998 a 2004.
Antes de que concluyera el año, la administración del mismo Ricardo, adjudicó la planta a sus hermanos Cándido y David. El 15 de enero de 2004 les otorgó el título de propiedad y como copropietaria de la planta, figuró María de Jesús Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal.
Cuatro años después, el 28 de noviembre de 2008, a las 15:38 horas, según la denuncia anónima 080593954 recibida en la PGR, se hizo una acusación sobre la planta, por lo que se abrió la averiguación previa PGR/ZAC/I2008F.
«En una deshidratadora de chile que se ubica sobre la carretera federal, salida a Sombrerete propiedad del señor Cándido Monreal, se han visto movimientos de personas que no son habitantes del lugar y aunque ya terminaron las labores se sigue observando mucho movimiento y se rumora que se trata de los Z, así como se desconoce si el propietario les presta el lugar o lo tienen amenazado», dijo el acusador anónimo.
El 13 de diciembre de 2008, la PGR citó a Cándido Monreal, quien declaró que la bodega deshidratadora «San Felipe» sí era de su propiedad, pero no mencionó ni reclamó que hubiera habido gente ajena o extraña en el lugar.
El jueves 22 de enero de 2009 se llevó a cabo un operativo militar y federal en la planta y se decomisaron 14.5 toneladas de marihuana. Se detuvo a Reynaldo Piña Reséndiz, de 48 años y a Jorge Cervantes Rodríguez, de 25, originarios de Durango, que custodiaban la droga y se integró el acta PGR/ZAC/128/II/CS/2009.
La Secretaría de la Defensa Nacional, reportó que la mariguana se encontraba en 432 bultos, que había cajas con semilla de la droga, básculas, moldes para confeccionar paquetes, un camión Torton y tres camionetas Pick-Ups; que se trataba de una planta con capacidad de procesamiento de 35 toneladas y con ocho túneles de secado con diésel.
Dos días después del decomiso y detención de Reynaldo y Jorge, el sábado 24, más de medio centenar de reos fueron liberados del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, por comandos armados y dentro de los presos rescatados figuraron los dos detenidos en la planta.
Ricardo Monreal rechazó entonces que su familia tuviera vínculos con el narcotráfico, atribuyó las acusaciones, como de costumbre, a “una guerra sucia” desatada en su contra, por la gobernadora de Zacatecas, Amalia Dolores García Medina y su hija, la senadora Claudia Corichi García y que la droga “les había sido sembrada”, además de que sus hermanos no figuraban en ninguna averiguación previa de la PGR como indiciados, sino solamente como testigos.
Luego agregó que tanto él como su familia habían sido amenazados y de paso, aprovechó para señalar al Gobierno Federal, a la Secretaría de Gobernación y a la PGR “de una embestida en contra de toda su familia”.
En respuesta, Claudia Corichi dijo: “En relación a las declaraciones que ha hecho sobre mi persona Ricardo Monreal, me queda claro que su único objetivo es desviar la atención sobre otros hechos y anteponer sus intereses personales, familiares y políticos a los intereses de Zacatecas».
Dos años después del operativo y con una sociedad resquebrajada entre los Monreal y los Guardado, Juan Carlos fue secuestrado junto con su chofer, Francisco Javier Vázquez Delgado, el 2 de febrero del 2011 y pese a que se pagó un millonario rescate nunca se volvió a saber de ellos.
Ello acabó con la supuesta buena relación y compadrazgo entra ambas familias, pues en el ánimo de Arturo, hermano de Juan Carlos, priva la certeza de que quien ordenó el plagio, habían sido los hermanos David, Saúl y Cándido Monreal Ávila.
Pasarían otros cuatro años, para que después se diera el affaire del “atentado” contra Ricardo y David, la fortuita escucha de los inteligentes del CISEN, el operativo, la captura de los atolondrados sicarios y finalmente su encarcelamiento.
Sin embargo, la situación para los hermanos Monreal les resultó benéfica, pues al quedar como víctimas, pese a que no hubo ningún atentado, gracias a la sagacidad de los agentes del CISEN, no se podía criminalizar a las víctimas, como lo indica la nueva ley, con lo que se anuló cualquier investigación en contra de los Monreal.
Posteriormente, cuando fue postulado Ricardo Monreal a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, por el Movimiento de Regeneración Nacional, José Luis Muñoz Soria, quien contendía también, pero por el PRD, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Ricardo Monreal Ávila, por el rebase en el tope de gastos de campaña en más del 200% de lo establecido por la ley.
Raúl Flores, presidente del PRD-DF, Alejandro Fernández, Roberto López, candidatos a diputados locales, respectivamente, entre otros, también respaldaron la denuncia que calificaron como “una situación escandalosa”, pero Ricardo llegó a delegado, luego a senador y presidente de la Junta de Coordinación Política y ahora habla hasta con llegar hasta la Presidencia.
Su último affair, es la controvertida propuesta a las reformas a la ley del Banco de México (Banxico), que es la llamada “ley Monreal”.
La polémica es porque los cambios aprobados en la cámara alta, establecían que el Banco Central tendría la obligación de comprar las monedas extranjeras que las instituciones financieras no puedan repatriar a su país de origen, sin importar si se pudo o no, comprobar la legalidad de los recursos.
Es decir, Banxico estaría obligado a comprar el efectivo a las personas que no puedan cambiarlo en negocios o en otras instituciones bancarias.
En el momento de dar a conocer el anuncio, todas las instituciones financieras del país se encontraban bien en el tema de cambio de dólares, sin acumulación del efectivo de esa divisa.
Todos los bancos, excepto uno: Banco Azteca, que desde 2017 se quedó sin convenio de corresponsalía con entidades extranjeras, luego de que la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sancionara a su socio, el Lone Star National Bank, por violar la legislación en materia anti-lavado en su relación con el banco de Ricardo Salinas Pliego.
El presidente López Obrador no se pronunció entonces al respecto y precisamente por su silencio, mucho acusaron un respaldo tácito a los cambios que estaría enviando un doble mensaje: a Banxico que su autonomía es vulnerable en tiempos de la Cuarta Transformación y el más grave, un guiño a su banquero predilecto, cuyas ideas concuerdan con Ricardo Monreal.
En opinión de expertos en finanzas, las reformas a la Ley del Banxico son un favor a quienes buscan utilizar las instituciones financieras del país para lavar dinero.
Se trata de una ley, acusan, para beneficiar al crimen organizado, a los narcos, al terrorismo, al lavado dinero y no sólo se pone en riesgo la autonomía del Banco, sino se abre la puerta de la bóveda de las reservas internacionales para que el crimen organizado entre.
Pretenden entregarle a los cárteles un pasaporte para infiltrarse, sin restricción alguna, en las finanzas del país y ello significa condenar a México al castigo, repudio y aislamiento financiero internacional.
Tras el escándalo mediático la propuesta quedó paisada, pero Ricardo ya advirtió que no cejará en su proyecto que, desde todos los ángulos beneficiará al país.
