- El Partido Revolucionario Institucional paga más de 30 millones de pesos en asesoría y fiscalización para evadir sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y “maquillar” el uso de recursos públicos en estados donde hubo elecciones este año
- Grupo MGDK S.A. de C.V. es la empresa elegida por el líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas para no dejar rastro de presuntas operaciones ilícitas con dinero de sobornos y “moches” que exige a empresarios
- El proveedor asegura que responderá a “errores y omisiones” que pudieran ser detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
Redacción/Sol Campeche
(Primera de dos partes)
Campeche. – Especializados en el manejo de sumas millonarias de dinero cuya procedencia se presume ilícita, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizado a su antojo por Alejandro Moreno Cárdenas, contrata servicios de asesorías y fiscalización que lo ayuden a maquillar sus cifras ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante este 2022, el PRI Nacional contrató por más de 30 millones de pesos a la empresa proveedora Grupo MGDK S.A. de C.V., la cual asegura que mediante sus servicios convertirá los excesos financieros que se comenten al interior del partido, en “cuentas claras” ante los ojos de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE.
Mediante dos contratos por 20 y 10 millones de pesos respectivamente, el instituto político controlado por “Alito” Moreno ha entregado el saneamiento de sus finanzas a este proveedor, el cual, curiosamente, también está vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y además ya ha estado bajo la mira del propio INE y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por procedimientos irregulares.
Sin saber que se harían públicas las prácticas delictivas que comente, “Alito” Moreno recurre a estos servicios de “limpieza financiera” precisamente para tratar de ocultar sus trapacerías que quedaron bien documentadas con la serie de audioescándalos surgidos desde Campeche, los cuales, momentáneamente, parecen haber cesado por algún tipo de acuerdo político.
Las revelaciones pintaron a Alejandro Moreno Cárdenas como un verdadero mapache electoral, pues moches, sobornos, extorsiones, promesas de grandes negocios al amparo del poder y hasta amenazas a supuestos aliados, fueron exhibidas en los audios en los que se le escucha hablar del manejo de cientos de millones de pesos durante los procesos electorales del 2021 y 2022.
Claro ejemplo de ello es cuando Moreno Cárdenas discute con el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez Arroyo, por haber recurrido a pagos en efectivo a medios de comunicación, pero éste se excusó al señalar que, al pagar en “cash”, “no dejamos rastro” ante la fiscalización del INE.
Ahora se sabe que no solo se trató de una operación de recolecta de dinero para ser usado en las campañas, sino que el PRI también contrata a despachos para ocultar estos presuntos delitos, pero la empresa en la que ha puesto sus esperanzas resulta ser un pésimo ejemplo de apego a la ley
DERROCHE DE DINERO PÚBLICO
De acuerdo con documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia, el PRI nacional pagará un total de 20 millones de pesos con el contrato C/SFA/026-2022, justo para la asesoría en materia de fiscalización en las entidades donde hubo elecciones este año: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
El contrato fue firmado el pasado 25 de febrero, cinco meses antes de que se realizaran las votaciones, puesto que la dirigencia nacional de “Alito” Moreno ya tenía claro que incurrirían en el derroche de dinero público y privado, así como rebasar los topes de campaña establecidos.
Con esta exorbitante suma, Grupo MGDK S.A. de C.V. se obliga brindar la fiscalización de todo tipo de documento contable que se desprenda del ejercicio del gasto de 2022 en los comités partidistas estatales de las referidas entidades federativas donde hubo votaciones.
También debió brindar un curso a los secretarios de Finanzas y personal contable que integran los Comités Directivos Estatales; apoyar en los escritos de respuesta ante las observaciones que realice la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, así como en los medios de impugnación ante los órganos jurisdiccionales en materia electoral, respecto de las operaciones del ejercicio 2021.
