Portada

¡NARCOTERRORISMO EN SUDAMÉRICA!

*Cárteles mexicanos trabajan con “bandas locales” de Ecuador para sembrar el “narcoterrorismo” y extender sus dominios en Sudamérica; más de 18 atentados en Ecuador

*Desde las cárceles ecuatorianas, motines y secuestros de custodios penitenciarios. Varias masacres en los penales sudamericanos; más de 200 víctimas en menos de dos años

*Ecuador entró a producir cocaína, sólo detrás de Colombia y Perú, de acuerdo con datos de la UNODC

Adriana Noboa/Corresponsalías Internacionales/ Grupo Sol Corporativo

(Primera de dos partes)

Guayaquil, Ecuador.- La palabra “narcoterrorismo” es bastante nueva para los ecuatorianos. El país sudamericano vivió la jornada más violenta de su historia reciente el pasado martes, 1 de noviembre. En menos de 24 horas, cuatro ciudades costeras sufrieron 18 atentados.

Y, según las fuerzas del orden ecuatorianas, gran parte de la delincuencia está atada a los cárteles internacionales, especialmente los mexicanos: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Entre artefactos explosivos, coches bomba y ataques a mano armada, el principal blanco ese día fueron unidades policiales, los mismos uniformados y gasolineras.

También hubo disturbios en varias cárceles, con enfrentamientos armados, explosiones y secuestro de agentes penitenciarios. Y es que, precisamente, las prisiones se han convertido en el epicentro de la ola de violencia que crece en Ecuador desde hace dos años.

La teoría del presidente Guillermo Lasso es que esa violencia es una reacción frente a las acciones de su gobierno contra el crimen organizado. En 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), Ecuador fue el tercer país del mundo con más cocaína incautada, con 210 toneladas.

Debido a su ubicación geográfica, el país de 18 millones de habitantes, está situado entre los países que concentran la mayor parte de la producción global de cultivos ilícitos de hoja de coca (Colombia y Perú).

Además, su perfil costero en el océano Pacífico lo convierte también en un puerto estratégico de la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa. Es así que, en los últimos años, Ecuador dejó de ser sólo un país de tránsito para el narcotráfico y se convirtió en un centro de distribución y exportación.

Aunque el gobierno sostiene que mantener la seguridad y recuperar la paz en el territorio nacional es su prioridad, no ha tenido suerte en la administración del sector. Las instituciones públicas que se encargan del área son las más inestables del Ejecutivo.

Los cambios de ministros y secretarios han sido varios, especialmente en el Servicio Nacional de Atención Integral, encargado de la gestión de las cárceles.

La misma Policía Nacional atraviesa por una grave crisis institucional. El año pasado, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, habló de la existencia de supuestos narcogenerales en las fuerzas públicas.
En su intento por demostrar el énfasis en el manejo de la seguridad, el presidente Lasso creó una entidad nueva: la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Y la puso a cargo de uno de sus colaboradores cercanos, que previamente ocupaba un puesto en la Asamblea Nacional, Diego Ordóñez.

La falta de experiencia de Ordóñez en materia de seguridad generó críticas. Y los anuncios de la creación y ejecución de un plan o estrategia nacional en el área no han logrado convencer a la opinión pública ni a los actores políticos.

El gobierno incluso planteó un referendo y una consulta popular, que está en revisión de la más alta magistratura del país: la Corte Constitucional. Ahí el presidente Lasso busca que la ciudadanía apruebe, en las urnas, temas como la extradición de narcodelincuentes, la creación de un delito penal para sancionar la extorsión y que los recursos que se generen con los comisos de bienes relacionados al crimen organizado sean destinados exclusivamente a la educación de niños y adolescentes.

Estas intenciones también tienen sus detractores, quienes señalan que son reformas superficiales y que no tendrán un impacto directo en la ola de violencia e inseguridad que vive el país. De todas formas, si estas preguntas son admitidas, llegarían a las urnas posiblemente en febrero.