- El crimen organizado ha recrudecido la violencia contra niños, niñas y adolescentes que son reclutados para utilizarlos en la venta de droga, como mensajeros, sicarios o halcones (espías). El caso más reciente y escandaloso es el asesinato de Alan Yahir y Héctor, de 12 y 14 años, respectivamente, por sicarios del Cártel Unión Tepito que opera en la Ciudad de México. Los infantes fueron secuestrados, asesinados y descuartizados.
- Después, pidieron a uno de los mozos del Cártel, Édgar Zúñiga “El Zúñiga”, que fuera a tirar la basura: se trataba de los restos de ambos niños embolsados. Un policía se percató de que el sicario llevaba unas bolsas metidas en cajas, las cuales se le cayeron. El agente se acercó a brindarle ayuda y el hombre se mostraba nervioso. Una de las bolsas se rasgó y aparecieron los pedazos de un brazo, hombro y orejas despedazados.
- Ocurrió en el Centro Histórico de la Ciudad de México, territorio controlado por el Cártel Unión Tepito, uno de los más sanguinarios del país.
RICARDO RAVELO/LA OPINIÓN DE MÉXICO
Los utilizan como halcones, mensajeros, vendedores droga y sirven hasta de sicarios al crimen organizado. La mayoría de los cárteles del narcotráfico ha convertido a los niños, adolescentes y jóvenes en verdaderos criminales que se atreven a matar por unos cuantos pesos y hasta por un gramo de cocaína, si es que son adictos a las drogas.
El caso más reciente de criminalidad infantil se presentó el pasado 27 de octubre en la ciudad de México, cuando miembros del Cártel Unión Tepito asesinaron y descuartizaron a los adolescentes Alan Yahir y Héctor Efraín, de 12 y 14 años, respectivamente. Según las autoridades, se dedicaban a vender dulces en la calle aunque otras versiones que se investigan es que servían al crimen organizado como vendedores de droga, halcones e informantes.
Las indagaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establecen que ambos adolescentes pudieron haber sido víctimas de las confrontaciones por la plaza que enfrentan los cárteles Unión Tepito y Anti-Unión Tepito, dos organizaciones rivales que se disputan el control del mercado de drogas de la capital del país y cuyos centros de operaciones, de acuerdo con la Fiscalía capitalina es la zona centro de la capital.
El narcodrama infantil
Según informes oficiales de la Red para los Derechos de la Infancia en México (REDIM), como el correspondiente al año 2019, alrededor de 30 mil menores han sido cooptados por grupos delictivos, desaparecen cada día 4 niños y asesinan a 3.6 infantes –niños, niñas y adolescentes– cuyas edades oscilan entre los 5 y los 17 años. El reclutamiento forzado y la desaparición de niños por parte del crimen organizado es considerado una realidad en México, dice la organización defensora de los derechos de los infantes.
Durante el año pasado –sostiene el informe– la sociedad mexicana se conmocionó tras la difusión de varios videos que se hicieron virales, en los que aparecen niños portando armas de alto poder, ataviados con atuendo militar y lanzando amenazas en contra de líderes de los cárteles de las drogas.
Varios casos mediáticos han ilustrado la crisis de seguridad que enfrenta el país y resaltan los casos dramáticos del reclutamiento –forzado o voluntario– de cientos de adolescentes que desertan de sus escuelas para engrosar las filas del crimen organizado. Un problema que, hasta ahora, desatiende el gobierno de la Cuarta Transformación.
Ejemplo de esto, señala la organización, fue la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo de “Juanito pistolas”, un adolescente que formaba parte de la “Tropa del Infierno”, grupo armado del Cártel del Noreste (antes Zetas) que operan en el norte y sureste del país.
Otro caso que ilustra la utilización de niños en el crimen es el de “El Panchis”, señalado como niño sicario de 14 años y que al momento de ser detenido confesó que fue adiestrado desde los 5 años por el crimen organizado.
Según la ONG, los niños y adolescentes son utilizados como informantes de las organizaciones criminales o grupos armados, los cuales son involucrados en prácticas paramilitares, procesamiento de sustancias prohibidas, homicidios, mutilaciones y hasta en desaparición de personas, particularmente rivales de los cárteles para los que trabajan.
“Los niños son sometidos a abusos y explotación”, precisa la REDIM. Añade que sufren lesiones y muchas veces mueren como resultado del reclutamiento forzado.
En el año 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Al siguiente sexenio, el encabezado por Enrique Peña Nieto, la política de guerra contra el crimen continuó y actualmente con Andrés Manuel López Obrador la política de militarización es histórica. Más de cien mil efectivos de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos agrupados en la Guardia Nacional, están desplazados por todo el país; aunque la política anticrimen no tenga como principal medio el uso de la fuerza.
Durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, el número de niños y adolescentes desaparecidos se triplicó con relación a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, ya que pasó de mil 584 casos reportados entre 2006 y 2012 a 4 mil 394 entre 2013 y julio de 2017.
El gobierno de López Obrador inició con la promesa de campaña de acabar con la estrategia de guerra contra el crimen debido a los nulos resultados. Sin embargo, el no uso de la fuerza del Estado y la multiplicación de militares en todo el país tampoco ha frenado el flagelo de la violencia ni la actividad de los cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con cifras de REDIM, desde el año 2000 y hasta el cierre de 2019 se han registrado 21 mil niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de desaparición infantil que, según las consideraciones de esta ONG, podrían estar muertos o bien operando para los grupos criminales que están activos en toda la República.
Otro caso que causó escándalo, por ejemplo, fue el de Fátima. Una niña de 7 años asesinada en el sur de la Ciudad de México. El cadáver de la menor fue hallado en bolsas de plástico y, según las autoridades capitalinas, tenía señales de haber sido violada y torturada.
El pasado 22 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, presuntos responsables que fueron procesados por los delitos de feminicidio y secuestro agravado.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3 mil 297 feminicidios en México, de los cuales 317 han ocurrido entre la población de 0 a 17 años, lo que significa que uno de cada diez crímenes afecta a niños y adolescentes. La organización REDIM reporta en sus informes un aumento del 13.5 por ciento en el delito de feminicidio en contra de niños y adolescentes en los primeros siete meses de 2019, cuando ocurrieron 59 casos respecto al año anterior, que registró 49 asesinatos.
De acuerdo con una entrevista que apareció en varios medios nacionales, para José Manuel Valenzuela Arce –miembro del Colegio de la Frontera Norte (Colef)– el problema de los crímenes de niños y adolescentes es tan grave que él mismo acuñó el término “juvenicidio”, en referencia el asesinato sistemático de la población joven. El investigador dijo además que la precarización del sector juvenil es multifactorial; y en su opinión la cooptación de esta población, por parte del crimen organizado, es consecuencia de la obstrucción de los canales de movilidad a los que se enfrentan los niños y jóvenes en el país.
Según el experto, la mezcla de estos factores hace que la población desconfíe de las instituciones gubernamentales. Entre 2011 y 2015, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado mexicano hacer una revisión de la política de seguridad por el impacto negativo que se estaba registrando en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También planteó, a manera de sugerencia, reconocer el reclutamiento que realizan los grupos criminales y que afecta a ese sector de la población.
El drama en CDMX: narco descuartiza niños
La guerra entre los cárteles que operan en la Ciudad de México ya exhibió otro lado oscuro: el reclutamiento de niños y el crimen de infantes por parte de los grupos rivales que pelean todos los días por el control del mercado de las drogas.
El epicentro esta vez fue el centro de la Ciudad de México, supuestamente una de las zonas más vigiladas por la policía que encabeza Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, quien el 26 de junio pasado fue atacado a balazos por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Y es que dos menores de edad, desaparecidos después de acudir a festejar a San Judas Tadeo, fueron identificados como dos de las víctimas descuartizadas presuntamente por el autodenominado Cártel Anti-Unión Tepito, rival del Cártel Unión Tepito.
Alan Yahir y Héctor Efraín fueron asesinados la noche del pasado 27 de octubre en pleno centro de la Ciudad de México, en una vecindad ubicada en la calle República de Chile, centro de operaciones del Cártel Unión Tepito.
De acuerdo con las investigaciones del caso, las víctimas vivían en lo que se conoce como el Centro Histórico, donde presuntamente se dedicaban al comercio, igual que sus padres. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha trazado varias líneas de investigación para esclarecer el caso. La primera de ellas es el narcotráfico y la venganza del crimen organizado. Esa primera versión establece que los niños se dedicaban a vender dulces pero no descarta que estuvieran implicados en la venta de drogas y que un cártel rival al que ellos presuntamente pertenecían los asesinó en venganza.
La historia de este caso, elaborada por la Fiscalía capitalina, señala que Alan Yahír y Héctor Efraín asistieron a la iglesia de San Hipólito y, más tarde, Héctor le habría pedido a Alan que lo acompañara a ver a su novia. Al ser interrogada por las autoridades, la novia declaró que Héctor nunca llegó con ella. Lo estaba esperando para asistir a ver unos arrancones de motocicletas en la alcaldía de Iztapalapa.
Según la reconstrucción del caso, a cargo de la Fiscalía capitalina, un sujeto identificado como Édgar Zúñiga, a quien apodan “El Zúñiga”, fue el encargado de trasladar los restos de los adolescentes.
Cuando fue detenido argumentó mentiras: dijo ser un indigente adicto a las drogas y que le habían pagado para sacar unas cajas y botes de basura, cuyo contenido dijo desconocer. Las autoridades descubrieron la patraña y detectaron que “El Zúñiga” trabaja para el Cártel Unión Tepito, particularmente para dos cabecillas de ese grupo criminal identificados como “El Chari” y “El David”.
También interrogados por las autoridades, los familiares de los menores asesinados aseguraron que sus hijos se dedicaban al comercio igual que ellos. Pero las autoridades investigan una relación directa de ambos con narcotraficantes y extorsionadores de la Unión que operan en el Centro Histórico de la capital del país. Según su expediente criminal, “Zúñiga” es un reincidente y esta es su cuarta captura, pues ya había estado en prisión en 2011, 2014 y 2019.
La captura del presunto sicario ocurrió de manera accidental, según reportó la Fiscalía de la Ciudad de México. Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron hacia la esquina de las calles Chile y Belisario Domínguez para hacer un corte de circulación e impedir que un grupo de motociclistas ingresara al primer cuadro de la ciudad. Las calles estaban vacías, se asegura. Por ello a los agentes les llamó la atención que un hombre empujara nerviosamente un “diablito”. “El Zúñiga” llevaba unas cajas y adentro unos bultos negros que eran bolsas de plástico.
Cuando pasó cerca de los agentes se le cayeron dos cajas de plástico. Uno de los policías se acercó para brindarle ayuda. En ese momento el policía notó que de las cajas habían salido tres bolsas de plástico negro. “El Zúñiga” quiso volver a colocar las bolsas en las cajas de forma apresurada, pero estaban pesadas. Una de las bolsas estaba visiblemente rasgada. Por ello, el agente comenzó a observar que en su interior había pedazos de carne “muy blanca”. Después comenzó a reconocer los restos humanos de una persona que había sido descuartizada: un pedazo de hombro, un brazo y una oreja. En ese momento reportó el hallazgo a las autoridades y descubrieron que los restos pertenecían a Alan Yahir y Héctor, quienes habían sido reportados como desaparecidos.
El presunto operador de la Unión Tepito afirmó, al rendir sus declaraciones ministeriales, que desconocía el contenido de las bolsas de plástico y que le habían pagado con dos gramos de cocaína para deshacerse de lo que llamó “la basura”.
Los menores Alan Yahír y Héctor eran miembros de la comunidad mazahua de Antonio Pueblo Nuevo, Estado de México. Según la Fiscalía capitalina, vivían en el número 36 de la calle Pensador Mexicano, donde días antes del crimen se había lanzado una alerta debido a su desaparición. El martes 27 de octubre habrían sido “levantados” en las calles de Donceles y Allende por un hombre que conducía una motocicleta.
La principal línea de investigación que sigue la Fiscalía capitalina sostiene que los niños asesinados estaban implicados en la venta de droga, eran informantes del crimen organizado y realizaban tareas como halcones.
