Narcotráfico

LA MAFIA MILITAR

  • A lo largo de cuatro sexenios, varios militares de alto rango han caído en desgracia por sus vínculos con el narcotráfico
  • Casos como el de los generales Arturo Acosta Chaparro, Jesús Gutiérrez Rebollo, Francisco Quirós Hermosillo, Jorge Maldonado Vega, entre otros, ilustran cómo el alto poder militar ha servido al crimen organizado
  • Estos militares fueron relacionados con el capo Amado Carrillo Fuentes, pero existen otros altos mandos que protegieron al Cártel del Golfo y al de Tijuana

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Primera de cinco partes)

Ciudad de México.- A lo largo de veinticuatro años, altos mandos de las Fuerzas Armadas han caído en desgracia: Los han acusado de estar relacionados con el narcotráfico, protección de cárteles y capos, así como de tortura, homicidios, tráfico de combustible robado –el huachicoleo– y otros delitos considerados en las legislaciones internacionales como de lesa humanidad.

Detrás de la protección de altos jefes del narcotráfico, ahí aparecen generales, coroneles, tenientes que, mediante cañonazos de dinero, se entregan al servicio de criminales y otorgan servicios de protección a ellos y sus familiares cada vez que tienen la necesidad de desplazarse a lo largo y ancho del país.

Y otros son mencionados como piezas clave de negocios como el tráfico de drogas y el huachicoleo, como es el caso del general León Trauwitz, acusado de proteger a grupos de traficantes de combustibles robados. El militar fue subdirector de Salvaguardia Estratégica en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; tras ser acusado de traficar con gasolinas ilegales, huyó a Canadá, donde fue detenido; después fue liberado y actualmente está sujeto a un proceso de extradición a México.

Junto con él, una veintena de funcionarios fueron denunciados desde el 25 de marzo de 2007 por el abogado queretano Jorge García Adriano, en representación de tres militares que dijeron ser testigos de los ilícitos, pues estaban adscritos a la subdirección a cargo de Trauwitz.

Sin embargo, los acusados fueron llamados a declarar hasta el 16 de enero de 2019, cuando el Gobierno Federal ya era encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su mandato se comprometió a combatir el huachicoleo.

Fue a partir de que comparecieron, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) reactivó el archivo y comenzó a recabar información del caso.

Los tres militares cuyos testimonios son clave en la investigación contra el general Trauwitz revelaron amenazas y “levantones” por sus denuncias de actos de corrupción y huachicoleo de los que fueron testigos, según aceptaron ellos mismos.

Moises Ángel Merlín Sibaja  acusó que fue “levantado” por un grupo de sujetos que portaban armas largas, en Tierra Blanca, Veracruz, un acto que, dijo, lo obligó a pedir su cambio a San Martin Texmelucan, Puebla.

A Enrique Alejandro Sandoval Díaz, un jefe del Departamento de Seguridad Física en Tampico, Tamaulipas, le advirtió que, si denunciaba las irregularidades sobre las tomas clandestinas, acudiría a gente poderosa para que terminara en la cárcel.

Y a Eliseo Lara Cortés, uno de sus superiores, lo trató de involucrar con una investigación que la PGR realizaba en 2016 sobre robo de hidrocarburos. Todos ellos, representados por el mismo abogado, coinciden en que sus superiores les exigían —a nombre de León Trauwitz— no denunciar ante la PGR las tomas clandestinas.