*Oficialmente se dice que ingresan al país 200 mil armas al año
Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México
Conforme a datos oficiales, a México llegan cada año más de 200 mil armas; 41 por ciento provienen de Texas; 19 por ciento de California y el 15 por ciento de Arizona. La mayoría son rifles de asalto, entre ellos el AK-47, conocido como “Cuerno de Chivo”, preferido por los cárteles del narcotráfico, además de pistolas semiautomáticas.
De acuerdo a datos proporcionados por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), hasta noviembre de 2020 existían 9 mil 811 armerías que surten a buena parte de las organizaciones criminales en México y es el estado de Texas el que tiene el mayor número de ese tipo de negocios: 5 mil 938, donde se pueden conseguir todo tipo de armas.
Ello ha provocado que en el país circulan 15 millones de armas, de las cuales el 85 por ciento ingresaron al país de forma ilícita, lo que redunda en que la esperanza de vida en México se redujo 0.5 por ciento a causa de la violencia.
En opinión de funcionarios mexicanos, el gobierno de Estados Unidos, bajo la idea de que en ese país la producción y venta de armas no es ilegal, pertrecha al narcotráfico mexicano que, además, cuenta con la complicidad de autoridades federales y de agentes aduanales.
México requiere, según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abrard Casaubón, que se ponga fin a la venta indiscriminada de armas en el vecino país, principalmente en Texas, aunque la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, considere que se atenta a sus libertades.
Es notorio el caso del operativo “Rápido y Furioso”, implementado por los Estados Unidos, entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, en el que se permitió el acceso de 2 mil 500 armas a México para que llegaran a manos de la delincuencia.
El objetivo, según el plan, era seguir el rastro a quienes la recibieran para poder dar con las cabezas principales del tráfico de armas y asestar un golpe definitivo, sólo que “les perdieron el rastro” y sólo sirvieron para que las organizaciones criminales mexicanas se pertrecharan aún más de armamento, lo que originó que se agudizara la crisis del fenómeno.
Ese operativo tuvo efectos colaterales, como el asesinato de Brian Terry, agente de la patrulla fronteriza, quien falleció en 2010 a consecuencia de un arma adquirida por una persona que contrabandeó 575 más a México.
Otra de esas laxitudes que propician la proliferación de armas en nuestro país, son los 556 permisos para portar armas a agentes de organizaciones extranjeras que operan en nuestro país, principalmente de la Drug Enfircement Administration (DEA).
Supuestamente, con las recientes reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que implican que los agentes extranjeros no gozarán de ninguna inmunidad y tendrán que responder ante las autoridades mexicanas por cualquier uso de su armamento que viole las normas, su actuación se verá restringida. No obstante, para Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad nacional, ello no deja de ser solamente una buena intención, pese al decreto emitido, “y de ello nos daremos cuenta, principalmente ahora con el tema del general Salvador Cienfuegos Zepeda”, acotó el especialista.
