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GUERRERO, BAJO LA LEY DEL CRIMEN

  • Ahora que se aproxima el relevo gubernamental en Guerrero, el crimen organizado arremetió contra los empresarios y les exige pago puntual del llamado derecho de piso. Como algunos se han negado a ello, han pagado las consecuencias. Es el caso de Eduardo Cesarman, dueño de la discoteca Baby’O, cuyo negocio fue incendiado por grupos criminales.
  • Simplemente rociaron el inmueble con gasolina y le prendieron fuego. La remodelación de la discoteca más famosa de Acapulco, situada en la costera Miguel Alemán, costará 40 millones de pesos. Pero eso no es todo: La guerra entre grupos criminales se ha intensificado. Guerrero es la entidad con más cárteles. De acuerdo con datos oficiales, en ese territorio operan unas 450 organizaciones del crimen organizado.
  • De esta forma, la violencia no cesa en el Estado. Es por ello que la entidad que, a partir del 15 de octubre gobierna Evelyn Salgado —hija del senador Félix Salgado Macedonio— vive atenazada bajo la ley del crimen, pues no hay autoridad que ponga orden en el Estado.

Ricardo Ravelo/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche

Guerrero.- Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al Estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

En esa entidad del Pacífico, clave en el turismo, pero también en el narcotráfico, a Guerrero han arribado grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Pero la entidad es la que más grupos criminales tiene. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que a partir del 15 de octubre gobierna Evelyn Salgado —hija de José Félix Salgado Macedonio— operan unos 450 grupos delictivos.

En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales que han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio.

El caso más alarmante es el del Cártel de Los Ardillos, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local.

El nivel de violencia se ha exacerbado en Guerrero a tal grado que ahora que se acerca el cambio de gobierno en todo el Estado —se renovarán Ayuntamientos, Congreso local y el Gobierno del Estado— el crimen organizado ha arremetido en contra de negocios tradicionales y de postín, como fue el caso de la discoteca Baby ´O, a la cual le prendieron fuego y terminó incenciada.

Según el dueño de la discoteca —una de las más famosas y lujosas del país, donde se daban cita artistas y empresarios de toda la República— Eduardo Cesarman, la reparación del inmueble costará unos 40 millones de pesos.
Después del incendio en la discoteca Baby´O, el crimen organizado arremetió en contra de otros negocios a los que les exigieron pagar “derecho de piso” para operar. Las autoridades vieron con sorpresa estas acciones, pero siguen sin hacer nada para detener a las bandas del crimen.

No obstante que la mitad del país está en crisis de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ese problema no se resolverá “haciendo la guerra”.

Esto lo expresó a propósito de la violencia que azota a Michoacán, donde unos cinco cárteles, entre otros, el Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios y Los Viagras, están enfrentados por el control del Estado.

En Michoacán —al igual que en Guerrero— las autoridades están enfrentadas por el control del territorio y los recursos naturales, como la minería, el litio, las zonas aguacateras, por citar sólo algunos negocios que son atractivos para los criminales.

Pese al elevado nivel de violencia, ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido detener la ola delictiva, sobre todo, porque tienen órdenes de no usar la fuerza. De esta forma, el país difícilmente podrá entrar en una etapa de pacificación, como lo prometió el mandatario al tomar posesión de la Presidencia, en diciembre de 2018.

Territorio de guerras y muerte, Guerrero no encuentra la pacificación desde hace por lo menos dos décadas: El crimen organizado, con sus múltiples tentáculos, mantiene una abierta disputa por el control territorial, sobre todo la región productora de amapola, de donde sale la mayor parte de la producción de goma de opio (base de la heroína) que se consume en Estados Unidos.

Gobiernos van y vienen y la violencia galopa, impune, en todo el estado de Guerrero, donde actualmente operan 14 grupos criminales, con todas sus ramificaciones, las cuales están vinculadas a los presidentes municipales, regidores, síndicos y a los comandantes de la policías locales, convertidos en brazos armados del crimen organizado.

Aunque desde el 2019 el Gobierno Federal incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas en Guerrero, lo cierto es que los cárteles de la droga avanzan en el control de los territorios, desplazando a las autoridades, según reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de ese Estado.

Informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostienen que en Guerrero el crimen ha ido ganando terreno en el control geográfico. El Cártel de Los Ardillos, por ejemplo, que hasta hace tres años sólo tenía presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Olinalá, avanzaron hacia otras demarcaciones situadas tanto en la Montaña Baja como en la Montaña Alta.

Encabezados por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, Los Ardillos ejercen el poder criminal al extremo. De acuerdo con una fuente de la Fiscalía de Guerrero, quien pidió el anonimato, contra este grupo criminal existen unas veinte carpetas de investigación por tráfico de drogas, homicidios y extorsiones, pero se encuentran archivadas.

—¿Por qué?—, se le pregunta a la fuente.

—Hay temor de una guerra, de que el Cártel asesine a los funcionarios si las investigaciones avanzan. No pueden hacer nada.

—¿En Guerrero manda el narco?—, se le inquiere.

En la conversación telefónica se hace el silencio. El entrevistado responde:

—De alguna forma, sí, ellos mandan. Nosotros como funcionarios corremos muchos riesgos. Si actuamos nos matan, si no actuamos conservamos el trabajo y la vida.

El poder del narcotráfico en Guerrero rebasa, por mucho, a las autoridades del Estado. Y es que todo el territorio está invadido de células criminales. Un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) del 2018 reveló que en esa entidad operan más de 450 organizaciones criminales, entre cárteles y células.

Estos grupos, ligados a las autoridades municipales, caciques y policías, están diseminados por todas partes y su portafolio de actividades ilícitas es inmenso: Trabajan con extorsiones, secuestros, cobro de piso, despojo de propiedades, venta de protección, piratería, contrabando, cobro de cuotas a negocios, comercio establecido e informal, cantinas, bares, burdeles y por si fuera poco, también regentean a mujeres de la vida galante, quienes tienen que pagar sus respectivos impuestos al crimen para poder ejercer la prostitución.

Actualizado hasta el 2020, el mapa de ubicación de los grupos criminales da cuenta de la alarmante expansión del crimen organizado en Guerrero:

—El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera, opera en veinte municipios.

—La Familia Michoacana, dirigida por los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga– éste conocido como “El Pez”— controla 17 demarcaciones.

—Guerreros Unidos, uno de los más violentos, también está inmerso en la disputa territorial. Este cártel lo encabeza Alfonso Deloya, “El Medusa”.

—En el mapa criminal guerrerense también destaca el Cártel de Los Granados, dirigidos por Rubén y Salvador Granados Vargas. Su territorio abarca varios municipios de Tierra Caliente.

—Los Rojos, el cártel que hasta 2018 dirigió Santiago Mazari, “El Carrete” —detenido hace un año y medio— opera en un radio de acción más amplio: Además de Guerrero, su presencia se extiende hasta Michoacán, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

—El Cártel Independiente De Acapulco (CIDA), cuyo control es fuerte en las costas, está encabezado por Irving Macedo Acevedo.

El grupo criminal con más antigüedad es la organización Beltrán Leyva, cuyas operaciones en Guerrero se conocieron desde el año 2001, poco después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco.

En aquel entonces, la organización era encabezada por los llamados Tres Caballeros —Arturo, Alfredo y Héctor—, quienes construyeron un imperio criminal cuya base de operaciones eran los Estados de Sinaloa y Sonora, cuyos tentáculos se extendieron hasta Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán.

En 2004, cuando el alcalde de Acapulco era Félix Salgado Macedonio —actualmente senador de la República y candidato de Morena al gobierno de Guerrero pese a tener dos acusaciones por violación—, los hermanos Beltrán Leyva operaban en Acapulco. Su brazo derecho era Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” —actualmente preso en Estados Unidos bajo cargos de delincuencia organizada— y la principal guerra que enfrentaban por el control de la plaza era con Los Zetas.

Desde el 2020 la guerra entre cárteles se ha agudizado en Guerrero, sobre todo, después de que el Cártel Jalisco selló una alianza con Los Tequileros, otro cártel poderoso, para enfrentar a La Familia Michoacana.

De lo anterior da cuenta un video difundido en enero de 2020, en el que un sujeto identificado como “La Mula”, líder del cártel de Los Tequileros, lanzó una advertencia para La Familia Michoacana y anunció su alianza con la organización que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

En la grabación, que dura un par de minutos, a lo mucho, “La Mula” amenaza a uno de sus rivales, a quien llama “El Zarco”; también arremete contra “El Médico”, Francisco Maldonado Bustos, “Don José”, o gente de “El Pescado”, todos ellos relacionados con La Familia Michoacana.

Y es que La Familia Michoacana lucha por el control territorial, sobre todo en los municipios de San Rafael y Zirándaro, donde mantienen un cerco y ejercen constante terror en contra de la población. Esta zona está en disputa desde hace varios años entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco. Ni la presencia de la Guardia Nacional ha podido frenar la violencia.

El municipio de San Miguel Totolapan está considerado el más violento de la zona de Tierra Caliente, Guerrero:

Pueblos enteros han sido abandonados por sus habitantes, como consecuencia de la violencia exacerbada que ejercen los cárteles de la droga. Aquí la ley la impone el Cártel de Los Tequileros, organización delictiva que se caracteriza por su violencia extrema. Sus miembros son los más sanguinarios.

San Miguel Totolapan —territorio de asiento de los Tequileros—, es uno de los municipios más pobres de esa región. Las autoridades del Estado reconocen que algunas familias viven de la siembra y cultivo de amapola. Por eso el narco los mantiene capturados.

El Cártel de Los Tequileros tiene historia: Surgió de una escisión que sufrió la organización “Guerreros Unidos”, una de las organizaciones más violentas, que opera en la Tierra Caliente y al norte de Guerrero. La disputa territorial de Los Tequileros es con el Cártel de la Familia Michoacana. Y los territorios que están en guerra son Ajuchitlán del Progreso, Zirándaro y Coyuca de Catalán.

El líder del cártel, apodado “El Tequilero”, trabajó con “El Chente”, líder de Guerreros Unidos, hasta antes de su captura, en 2014. Tras este hecho, se separó del Cártel y se independizó. Los tentáculos de este Cártel crecieron con cierta rapidez: De operar en San Miguel Totolapan y La Gavia, ahora controlan diez municipios.

De acuerdo con informes policíacos, se caracterizan por la amenaza. Extorsionan a los alcaldes de la región, explotan la industria del secuestro y para ello utilizan los servicios de su grupo armado —Las Fuerzas Especiales Tequileras—, las cuales actúan ejecutando los plagios para luego cobrar los rescates. Quien no paga se muere, es su leyenda.

El Cártel de Los Tequileros, de acuerdo con las autoridades, también opera con extorsiones, cobro de cuotas o piso. Explotan el terror a través de las redes sociales, a través de las cuales lanzan amenazas, exhiben videos de sus víctimas y presionan a sus familiares para que paguen los rescates.

Disponen de armamento de alto poder —rifles de asalto Ak-47, granadas y pistolas de largo alcance— con las que mantienen bajo amenaza a toda la región.

Uno de sus crímenes más horrendos fue el de Carlos Salanueva, dirigente municipal del PRI en Ajuchitlán del Progreso: Su cuerpo fue hallado completamente descuartizado. Junto a los despojos, un cartelón decía: “Esto les va a pasar a quienes apoyen a la FM (Familia Michoacana), atentamente, “El Tequilero”.

El grupo criminal, según las radiografías criminales elaboradas por las autoridades de Guerrero, son uno de los cárteles más sanguinarios, pues no sólo asesinan: También decapitan, descuartizan los cuerpos y los desaparecen.

Así es la ley de “Los Tequileros”.