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FRAUDE INMOBILIARIO

  • Se destapa una serie de corrupción en las obras insignias del sexenio de “Alito” y su sustituto Carlos Miguel Aysa González, pues los megaproyectos que se realizaron en la capital fueron hechos sin permisos de construcción y otros sin siquiera contar con las escrituras de los terrenos
  • El caso más escandaloso es el de la Ciudad Administrativa, pues legalmente no pertenece al Gobierno del Estado, puesto que no existen escrituras del terreno donde se levantó una construcción con un costo superior a los 790 millones de pesos
  • Detrás de la construcción de la Ciudad Administrativa está el plan perverso de privilegiar a los verdaderos dueños de los terrenos donde se levantó el edificio, la familia Castilla, pues se elevará la plusvalía de la zona y se urbanizará con cargo al erario campechano

Redacción/Sol Campeche
(Primera de dos partes)

Campeche.- La nueva administración estatal ha destapado una serie de irregularidades que pesan sobre las obras insignia del sexenio de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González, pues se ha descubierto que, entre otras anomalías, los megaproyectos que se realizaron en la capital fueron hechos sin permisos de construcción, y otros sin siquiera contar con las escrituras de los terrenos donde se realizaron.

El caso más escandaloso es el de la Ciudad Administrativa, que de acuerdo con lo revelado por la gobernadora Layda Sansores San Román, legalmente no pertenece al Gobierno del Estado, puesto que no existen escrituras del terreno donde se levantó una construcción con un costo superior a los 790 millones de pesos.

Pero también hay anomalías en 11 obras de la capital, que incluye la Ciudad Administrativa, estas fueron hechas sin los permisos de construcción, y son la ampliación del Malecón; la rehabilitación del barrio de San Román; el parque “Moch Cohuó”; las Fuentes Marinas; el Ángel Maya; la remodelación del Palacio de Gobierno; la Casa del Adulto Mayor; la reconstrucción de tramos de la Muralla; el Distribuidor Vial y la prolongación de la avenida Lázaro Cárdenas.

Se presume que existió complicidad entre los exgobernadores “Alito” Moreno y Carlos Aysa, con el entonces alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, ya que la administración municipal es la responsable de exigir que existan dichos permisos, pero mediante actos de corrupción, todo esto fue solapado.

Con el cambio de gobierno estatal, ahora ha resultado que el ayuntamiento “naranja”, con la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, pero controlado todavía por el mismo Eliseo Fernández, se “acordó” de que debe exigir los permisos y ha emplazado al Gobierno del Estado mediante notificaciones calificadas como hostiles.

TODO ESTABA AMARRADO

Las investigaciones han iniciado y de entrada ya se anunció una auditoría para el proyecto de la Ciudad Administrativa; el sábado 9 de octubre, el exsecretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo, acudió a la rueda de prensa con la gobernadora Layda Sansores y la nueva titular de la Secretaría de Obras, Karla Sánchez Sosa, pero lejos de aclarar el entramado de irregularidades sólo abonó más dudas sobre la legalidad de la megaconstrucción.

Buenfil Montalvo reconoció que la administración de Carlos Miguel Aysa González inició la obra sin tener la propiedad del terreno, que en realidad pertenece al empresario inmobiliario Francisco Enrique Castilla Goytia, a quien se le hicieron una serie de pagos que no esclareció el exsecretario, para que presuntamente el predio fuera “donado” al Gobierno estatal, pero nada de eso se llevó a cabo.

Los pocos indicios que se han revelado hasta el momento apuntan hacia un fraude inmobiliario maquillado, ya que la construcción de la Ciudad Administrativa sólo era el pretexto para urbanizar un polígono de más de 4.5 kilómetros cuadrados entre el periférico Pablo García y Montilla y la avenida Adolfo López Mateos, sitio que hasta el 2018 sólo era un área verde.

El plan secreto es incrementar la plusvalía de esos terrenos con la construcción del megaedificio gubernamental que pretende albergar entre siete u ocho dependencias estatales, además se ha ampliado la avenida Lázaro Cárdenas para dar acceso al complejo de oficinas, un trayecto aproximado de 2.3 kilómetros que conecta el periférico Pablo García y Montilla y la Av. López Mateos; el ancho total de la vía es de 33 metros, cuenta con tres carriles por sentido, cada uno de 3.50 metros, un camellón central y las banquetas son de concreto hidráulico.

Pero resulta que todos esos terrenos son particulares, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) en realidad les está regalando una superavenida mejor que muchas calles de la capital, con lo que sus predios ahora tienen acceso privilegiado.

SIN DOCUMENTOS DE DONACIÓN

Detrás de este “plan con maña” se encuentra un grupo de empresarios inmobiliarios vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), comenzando por el verdadero dueño del terreno donde se levantó la Ciudad Administrativa, Francisco Enrique Castilla Goytia, quien fue diputado estatal priista entre 1991 y 1994, durante la gubernatura de Jorge Salomón Azar García.

Incluso, Castilla Goytia formó parte de un grupo de empresarios que invirtieron, junto con el Grupo Azar de la familia del exgobernador, en el Banco Cremi-Unión mediante el cual llevó a cabo un fraude financiero por parte de Carlos Cabal Peniche en la década del 90.

Francisco Enrique Castilla Goytia y su hijo, Rafael Castilla Azar, son propietarios de la desarrolladora inmobiliaria Promotora Residencial de Campeche S.A. de C.V., la cual ha edificado fraccionamientos como la Unidad Habitacional “Colonia México”, además de operar el Eco Villas “Kin Ha” y el balneario del mismo nombre.

Ellos son los dueños del terreno donde se construyó la Ciudad Administrativa, por lo que se presume que también son propietarios de los predios adyacentes, donde una vez que el Gobierno del Estado se encargue de urbanizar, construir avenidas y electrificar la zona, campantemente ellos podrían construir más fraccionamientos con una plusvalía elevada.

De ahí la supuesta “bondad” de donar 110 mil metros cuadrados para la Seduopi; lo malo es que no existe documento alguno de donación o cesión de esas tierras, por lo que legalmente, hasta el momento a la familia Castilla también le pertenece todo lo que ha construido el Gobierno estatal y la millonaria inversión realizada.

Otro de los supuestos beneficiarios que contarían con terrenos en aquella zona de la capital serían desarrolladores inmobiliarios como los dueños de Residencial Campeche Hill, representada por Iván Escalante Flores; entre otros dedicados a la edificación de viviendas.