Reportaje Especial
Redacción / Sol Quintana Roo
Cancún.- La impunidad en el delito de Feminicidio es del 51.4 por ciento en el país pero en Quintana Roo alcanza la escalofriante cifra del 95 por ciento. Se tiene noticias de la existencia de un subregistro que podría incrementar los números. Se dice que Quintana Roo, podría alcanzar el primer lugar en violación y trata a nivel nacional, mientras la impunidad sigue siendo el eje rector, prueba de ello es el hecho de que el ex gobernador González Canto, acusado de feminicidio desde 1999 continúa libre de cargos, exento de culpabilidad y totalmente impune durante 21 años.
“La impunidad que prevalece en feminicidios, a nivel nacional, es del 51.4% aunque en estados como Quintana Roo, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz, podría llegar hasta el 95 por ciento, lo que denota simulación en la aplicación de la Alerta de Género y en el combate al feminicidio, y esta es la razón del hartazgo de la sociedad y de las protestas feministas”.
Esas cifras duras y contundentes fueron pronunciadas por el doctor Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), al presentar su estudio: “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, en el que precisó que en México sólo se sanciona uno de cada 10
asesinatos, “sin embargo hay algunos estados, entre ellos Quintana Roo, en el que la impunidad es superior al 95%, lo que significa que sólo logran sancionar uno de cada 20 asesinatos”, puntualizó.
Nueve de cada 10 asesinatos quedan impunes en México, por encima de la media internacional de 30 por ciento a 35 por ciento, lo que origina el hartazgo en la ciudadanía en general, principalmente en las mujeres y por ende una doble victimización al darse un subregistro que aumenta considerablemente el número de feminicidios, apuntó el académico.
Por otro lado, Paola Jiménez, coordinadora de evaluación de Jurimetría, indicó que en México matan un promedio de 10 mujeres al día, aunque menos de tres de estos casos se
investigan como feminicidio, además de que la tasa de impunidad de 89.6 por ciento, en el primer año de Andrés Manuel López Obrador, como presidente, es similar a la de 89 por ciento de 2018, dato que convierte a nuestro país en el sexto país más violento del mundo con 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, la tasa de defunciones de mujeres mexicanas con presunción de homicidio, se estima en 4.4 por cada 100 mil habitantes, es decir más del triple del índice de 1.3 a nivel mundial, detalló la académica, quien añadió que en nuestro país la violencia contra la mujer es una situación muy grave que ha venido creciendo en los últimos años por la impunidad que se da en torno a este flagelo.
Ante los recientes asesinatos de mujeres en Cancún, Quintana Roo, como el de Bianca Alexandrina Lorenzana Alvarado, que enardeció a la sociedad cancunense, Celina Izquierdo Sánchez, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez, exigió “investigaciones serias, exhaustivas y comprometidas sobre los
hechos”.
Al unirse al dolor de las familias, “a las que les han arrancado a sus hijas”, la también investigadora feminista precisó que desde 2014 se registra un repunte en los asesinatos de mujeres en Cancún, como el caso en el que fueron localizados los cuerpos de Karen, estudiante de Turismo de la Universidad del Caribe (Unicaribe) y el de otra joven de entre 22 y 25 años de edad, ambas semidesnudas, con muestras de violencia extrema.
Pese a las evidencias y a los reclamos de activistas de QR, la Procuraduría del Estado los catalogó como “homicidios violentos”, no como feminicidio, “y eso es aceptar la violencia como algo natural, como algo normal; esas jóvenes fueron asesinadas y el silencio, la
invisibilización y la apatía, son tan injustas que convierten en cómplices a las autoridades”, acusó.
En el pasado mes de julio, el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE), al revisar las cifras de incidencia delictiva en los 11 municipios del estado, conforme a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), consideró que Quintana Roo ocupa el primer lugar en violación y en trata de personas, ilícitos que, sin duda, conllevan al feminicidio.
En violación, según los números oficiales, subió del sitio 21 al número uno, con un incremento de 294 por ciento y en trata de personas pasó del octavo al primer lugar con un incremento de 241 por ciento.
De acuerdo al SESNSP, a nivel nacional se registraron en 2019 un total de mil 10 feminicidios, en comparación con los 913 de 2018. De enero a junio de 2020 hubo 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2% respecto a los feminicidios registrados en los primeros seis meses de 2019.
CASO MAYRA
Pero este fenómeno no es nuevo, data de hace décadas y uno de los primeros en ser acusados de tan deleznable delito y que sigue impune, fue el entonces presidente municipal de Cozumel, Félix Arturo González Canto, quien envestido de su fuero como alcalde, gobernador y después senador, ha eludido la acción de la ley durante más de 20 años, aunque actualmente carece de dicha protección.
A sólo unos cuantos meses de haber asumido la Alcaldía de Cozumel, González Canto cometería uno de sus primeros delitos, que se hizo público, causó gran escándalo y a la fecha representa una de las acusaciones más graves en su contra.
Se trató del asesinato de una jovencita menor de edad, de 16 años, a la que embarazó y a quien presuntamente mandaría “asustarla” para que no le exigiera nada, sólo que a los matarifes se les pasó la mano y terminaron matándola.
Para evadir a la justicia, propósito que ha logrado hasta la fecha, manipuló a funcionarios corruptos, desapareció la averiguación previa inicial, la duplicó con diferente culpable y hasta “desapareció” el feto para evitar los estudios genéticos que demostrarían su
paternidad.
La mañana del 5 de diciembre de 1999, Salvador Rocha Vargas, entonces director de Seguridad Pública de Cozumel, invitó a los reporteros policíacos “a un decomiso de armas”. Los llevó a un restaurante del centro de la ciudad y luego del aparatoso operativo, los policías salieron del establecimiento con un cuadro de una colección de balas.
Ese había sido el “arsenal” prometido, que resultó una escena montada para distraer la atención de los medios informativos, al tiempo que de manera simultánea, en otro punto de la ciudad, las autoridades hacían el levantamiento del cadáver de la joven Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez.
El Ministerio Público Mario Cajúm Fernández, inició la averiguación previa 1100/99 y las investigaciones llevaron a la detención de Juan Carlos Padilla Alcocer, quien confesó haber matado a golpes a la adolescente, junto con su cómplice José Enrique, por encargo de un señor Rocha.
El jefe de la Policía Municipal en esa fecha, era Salvador Rocha Vargas, el del operativo, vinculado en casos de pederastia, cargo al que había ascendido por órdenes del entonces alcalde de Cozumel, Félix González Canto.
“Bajamos a Mayra en un lote baldío, a un costado del aeropuerto y le advertimos acerca de la actitud que estaba tomando con el presidente municipal, de quererlo extorsionar por un supuesto embarazo, poniéndose ésta impertinente, por lo que tuvimos que tranquilizarla a golpes, y como estábamos ya alcoholizados se nos pasó la mano y la abandonamos en el lugar, pero la intención no era matarla, sino nada más darle un susto”, declaró Padilla Alcocer.
En su declaración, Padilla Alcocer aportó elementos que apuntaban a la prostitución infantil y pederastia en la isla, práctica en la que estaría involucrado Rocha Vargas, quien controlaba una red de explotación sexual infantil y a la que el alcalde González Canto sería uno de sus más asiduos clientes.
Dijo que llegó a Cozumel con José Enrique y se hospedaron en el hotel El Cozumeleño, donde hablaron con el señor Rocha, quien les dijo que tenían que ir a una fiesta y encontrar a Mayra, que les iba a brindar un servicio en el que se incluía el sexo, pero la finalidad principal era darle un susto porque estaba extorsionando al “señor presidente”,
al que con anterioridad ella le había dado un servicio.”
Por la golpiza a la joven les pagaron 20 mil pesos iniciales y después, una vez muerta, Rocha Vargas, que nunca fue llamado a declarar, les dio otra cantidad igual y les prometió que iba a manejar la situación “con gente de muy arriba para protegerlos”.
Después se fueron a vacacionar a Cancún, donde se gastaron el dinero de su fechoría.
La investigación y captura de Padilla Alcocer, la realizó el comandante de la Policía Judicial de Cozumel, Jorge Picasso Sosa, quien firmó el informe de investigación, el 8 de enero de 2000, con la declaración ministerial de Padilla Alcocer.
Sin embargo, repentinamente el comandante Picasso fue cambiado de adscripción y el presunto culpable, luego de declarar ante el Ministerio Público Cajúm, fue puesto en libertad.
De Padilla Alcocer y su cómplice, que nunca fue detenido, no se volvió a saber nada. Se les perdió todo rastro y después se “perdieron” las hojas de la declaración de Padilla Alcocer, en las que implicaba a Rocha Vargas y a González Canto.
Fidel Villanueva Rivero, uno de los sospechosos en el extravío del expediente, pasó de funcionario a magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Gaspar Amador García Torres, otro de los implicados, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, se convirtió en procurador estatal.
Pocos medios difundieron el caso con profesionalismo, la mayoría calló por órdenes de “arriba” y otros más, pasquines y revistas, consiguieron atractivos convenios, tras publicar que solamente se trataba de chismes para perjudicar “al Señor presidente”.
Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Mayra, en la “Isla de las Golondrinas”, con inusual actividad se desmontó el terreno del lugar de los hechos y, en tiempo récord, fue construida una enorme casa.
Pero aún faltaban algunos elementos para desvirtuar los hechos y dirigirlos a cualquier otro punto en el que no se relacionara a Félix González Canto, así que repentinamente, por el mismo hecho, se integró otra averiguación previa, la 438/99 y con otros culpables.
Como resultado de la segunda averiguación, fueron aprehendidos dos amigos de Mayra, Alejandro Ciau Polanco, de 19 años, y Norma Páez, de 15. Se les detuvo por “sospechosos”.
Ambos fueron sometidos a tortura, el primero para que se confesara culpable y la segunda para que lo incriminara.
Luego de varios días, la chica fue liberada bajo fianza, pero Alejandro fue consignado y tuvo que pasar 10 meses en la cárcel de Cozumel, hasta que las autoridades ya no pudieron sostener las acusaciones, se reconoció su inocencia y quedó libre, totalmente exonerado.
Una nota de Alejandro, dejada en la libreta de Mayra, había sido más que suficiente para que los “investigadores” dedujeran que el joven había sido el novio que la embarazó y por eso la había asesinado.
Sin embargo, por testimonios de compañeros de la joven, se conoció otro nombre relacionado con el asesinato de la joven, el de Agustín Rangel Interián, alias “El Pelos”; chofer de Félix González.
“El Pelos” pasaba a buscar al colegio a Mayra, se estacionaba a unas cuadras, a bordo de una Suburban gris, propiedad del Ayuntamiento de Cozumel y de uso exclusivo del entonces presidente municipal y la joven se subía a la camioneta, respecto a los señalamientos que calificaban a Mayra como sexo servidora, fueron obtenidas mediante
torturas entre compañeros de la misma víctima.
La desaparición de la primera averiguación previa, hizo que la madre de la jovencita, Ana Isabel Rodríguez Mejía, presentara una nueva demanda no sólo por el asesinato de su hija, sino por doble homicidio, ya que también había sido asesinado el bebé no nato, que murió dentro del vientre de Mayra.
“Es un delito porque en los documentos “desaparecidos” se señala a los autores materiales del delito de homicidio de mi hija y de su hijo no nacido, y de igual forma se indica que el autor intelectual es Félix González Canto”, acusó la madre, por lo que pidió la exhumación del cadáver de su hija y del bebé, a efecto de la realización de un estudio de ingeniería genética (ADN).
El procurador Carlos Humberto Pereira, aseguró que en 30 días estaría listo el resultado del estudio de ADN al feto, aunque transcurrido el plazo, dijo que no se había realizado “porque se investigaba un homicidio, no una paternidad”.
Lo cierto es que al exhumar los restos de Mayra, el pomo donde debía de estar el feto, sí estaba, pero no así el feto, también había desaparecido.
Conocer el resultado del estudio de ADN al feto, era determinante para una nueva línea de investigación y, lo más importante, se podría haber determinado la paternidad del feto con un examen a los implicados.
A 21 años del feminicidio de la joven Mayra, sigue impune y es que tuvieron que transcurrir 18 años para que el feminicidio pudiera ser considerado como tal en Quintana Roo y se accediera a que se emitiera la Alerta de Género en el Estado.
TRABAS PARA ADMITIR FEMINICIDI0S Y LA ALERTA DE GÉNERO
Desde el mes de septiembre de 2016, cuando aún era gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) dio un plazo de seis meses al gobierno de Quintana Roo para acatar recomendaciones contra la violencia misógina.
En caso contrario, advirtió la CONAVIM, correspondería a la Secretaría de Gobernación decretar e implementar la alerta por violencia de género en la entidad. La comisión determinó que en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Chetumal, Isla Mujeres y Solidaridad, se perpetraron reiteradamente agresiones contra las mujeres.
Antes, el 13 de mayo de 2016, Roberto Borge Angulo aceptó las 11 conclusiones del informe AVGM/08/2015, elaborado por la CONAVIM, luego de que de que el 4 de diciembre de 2015, el Consejo Estatal de las Mujeres presentara la solicitud de alerta al Instituto Nacional de las Mujeres, pero no hubo resultados.
Entre esas recomendaciones figuraban 13 modificaciones al Código Penal estatal y siete al Civil, así como reformar las leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como elaborar y aplicar protocolos para investigar con perspectiva de género, los delitos contra mujeres, en particular el feminicidio, así como especificar medidas de protección para delitos por motivo de género.
No obstante, antes, en el 2013, Borge Angulo, a dos años y medio de asumir el poder, no reconoció feminicidio alguno, pese a que en Cancún y Playa del Carmen se habían perpetrado 62 homicidios dolosos de mujeres, entre 2011 y 2015, por los que se iniciaron 60 averiguaciones.
En la siguiente administración, para retrasar la emisión de la alerta de género, el gobierno estatal adujo que emitir la alerta: “sería generar una imagen de riesgo para el importante destino turístico” y argumentó que en seis años (durante la gestión de Borge), no se había hecho nada para resolver el probema y la solución no podría ser de la noche a la mañana.
Y la ola de asesinatos de mujeres continuó: El 17 febrero 2017, en la Calle 42 esquina con Avenida 5, Col. El Pedregal, en la periferia de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, dos mujeres fueron atacas a hachazos. Una murió en el lugar y la otra resultó gravemente herida.
El 25 de marzo, el policía segundo Ramón Fernando C. H., de la Estatal Preventiva, llegó a su casa, en el número 228, de la calle Chunya, entre Colibrí y Xtacay, Col. Emancipación de México. El uniformado, con su arma de cargo, disparó al menos ocho veces contra su mujer, frente a su hijo, por una aparente infidelidad.
Seguidamente, a bordo de su camioneta de la marca Chevrolet Zafira, de color rojo, placas de circulación UTV- 491-A, se dio a la fuga pero fue alcanzado calles adelante.
La joven presentaba cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo, dos en el fémur izquierdo, uno en el hombro derecho y otro más en una mejilla.
El 27 de marzo, en la Supermanzana 77, Manzana 12, Lote 2, Edificio 2, Departamento 401, en el Fraccionamiento Corales, en Cancún, fueron encontrados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, asesinados a machetazos.
Los cadáveres fueron descubiertos por Ximena “N”, hija de la mujer, quien mencionó que la noche anterior hubo un convivio en el domicilio, en donde un sujeto al que no conoce, estuvo bebiendo cervezas con su mamá Ana María “N” y su tío David “N”.
Se retiró alrededor de las nueve de la noche y cuando regresó a la mañana siguiente, encontró sin vida a sus familiares. Vecinos del lugar, refirieron que en la madrugada escucharon insultos y reclamos, luego gritos de auxilio y después un silencio absoluto,
pero que no se atrevieron a salir por temor.
El lunes 19 de diciembre de 2017, fueron descubiertos dos feminicidios en la Supermanzana 58, Manzana 65, Lote 6, sobre la calle Chuburná, a unos seis metros de la Avenida López Portillo, en Cancún.
Una joven mujer de nombre Selene, de 26 años, fue asesinada por su marido Margarito. De acuerdo a los vecinos, se escucharon al menos seis disparos, por lo que pidieron apoyo al 911. Los paramédicos que llegaron al lugar encontraron tirada a una mujer sobre un charco de sangre. A un lado, estaba su esposo que lloraba y pedía perdón.
Ese mismo día, una mujer fue muerta, atropellada en la Calle 73 A entre 50 y 52 del Centro. Testigos de los hechos dijeron que la pareja discutía a bordo de un automóvil. La mujer descendió del vehículo y fue cuando el individuo la arrolló y la mató. El sujeto se dio a la fuga.
El Observatorio de Violencia Sexual y de Género de Cancún, informó que de enero a diciembre de 2017, se habían cometido 29 asesinatos contra mujeres, de los cuales la Fiscalía del Estado sólo había reconocido seis como feminicidio.
Ante el incesante número de mujeres asesinadas, a mediados del 2017, el pleno del Congreso del Estado reformó el artículo 89 Bis del Código Penal de Quintana Roo, para que cualquier muerte violenta de mujeres fuera investigada como feminicidio, además para que se sancionara a los servidores públicos que clasifican de forma incorrecta las carpetas de investigación.
Los legisladores explicaron entonces que para clasificar como feminicidio las muertes violentas contra mujeres, debían existir antecedentes de que el agresor ejerció violencia contra su víctima, que el cuerpo de la mujer presentara signos de violencia sexual o de
cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones posteriores a la privación de la vida o se detectaran huellas de necrofilia y se propuso una pena de hasta 50 años de prisión.
Sin embargo, fue hasta finales de julio de ese año, cuando se decretó la Alerta de Violencia de Género en cinco de los 11 municipios del Estado.
En ese mismo año, al realizar un registro de los asesinatos de mujeres de enero a diciembre, se contabilizaron 62 crímenes lo que colocó a la entidad dentro de los 10 primeros lugares, a nivel nacional, con el mayor número de feminicidios.
También figura dentro de los primeros cinco sitios en llamadas de emergencia por abuso sexual, violación y por violencia intrafamiliar (de pareja). En ese rubro, Benito Juárez (Cancún) ocupó el sitio 16 y Solidaridad (Playa del Carmen) el 46, de los 50 municipios de toda la República, considerados como los más riesgosos para las mujeres.
La gota que derramó el vaso y que provocó las lesiones de periodistas y la destitución de dos jefes policiacos y un funcionario del municipio de Cancún, fue el feminicidio de la joven de 20 años, Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”, cuyo cuerpo, desmembrado, fue hallado en el Fraccionamiento Vista Real, en la Región 252 de Cancún.
Bianca “Alexis” desapareció en Cancún el 7 de noviembre. El domingo 8 la Fiscalía General de Quintana Roo emitió la alerta de “Protocolo Alba” y esa misma noche sus restos fueron encontrados y reconocidos. Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación 11/6/2020.
El crimen exacerbó los ánimos y grupos colectivos hicieron un llamado para llevar a cabo una movilización el lunes a las 17:00 horas, en la Fiscalía de Quintana Roo, que se extendería hasta el mismo Palacio Municipal.
Allí las manifestantes perdieron los estribos y comenzaron a romper ventanas, puertas y trataron de prender fuego a las instalaciones por lo que arribaron los policías municipales de Cancún, quienes a balazos dispersaron a la multitud.
En el artero ataque resultaron heridos de bala los periodistas Cecilia Solís y Roberto Becerril, mientras que la reportera Helene Hidrogo, fue brutalmente golpeada por los uniformados, resultando con lesiones de consideración y con su equipo de trabajo destrozado.
Ante el abuso policial de los municipales de Cancún, que dispersaron a tiros la manifestación por el feminicidio de Bianca Alexandrina, organizaciones civiles nacionales e internaciones condenaron los hechos.
Horas después se conocería la separación del cargo de los directores de la policía municipal y estatal, Eduardo Santamaría Chávez y Jesús Alberto Capella Ibarra, así como del secretario general del Ayuntamiento, Issac Janix Alanís.
BIANCA ALEXIS HABÍA ANTICIPADO SU FATAL DESTINO
En sus redes sociales, BIanca Alexis solía compartir mensajes feministas en contra de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Los cuales, tras su atroz asesinato, se volvieron virales en redes sociales para exigir justicia por su asesinato.
Según antecedentes del caso, obtenidos a través de los familiares de la joven, en diciembre de 2018, la joven publicó un mensaje en el que manifestaba su miedo.
“Tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá”, manifestó entonces.
En agosto de 2019, también publicó un mensaje relativo a la desaparición de mujeres, asegurando que en México, esta siempre es una posibilidad:
“No me vengas a decir que estoy muy pequeña como para dejar que el problema de los feminicidios o las opiniones apáticas respecto al tema me afecten. Porque teniendo 5, 10, 19, 35, 50 u 85 años, siempre existirá la posibilidad de no regresar a casa, y mientras así sea, claro que me va a preocupar, y claro que lo tendré en mi mente y por supuesto que seguiré defendiendo mis puntos de vista ante cualquier idiota que se atreva a decirme que no es la manera”.
Finalmente este ocho de noviembre se confirmaron sus temores y ya no volvió a casa.
En torno al espinozo tema de los feminicidios, el gobierno estatal se comprometió a llegar hasta el fondo del asunto y hacer todo lo que esté a su alcance para abatir los feminicidios.
Y, al parecer, la presión nacional e internacional si causaron efecto, pues la Fiscalía informó que al final del formulario tres hombres, presuntamente implicados en el feminicidio de Bianca Alejandrina, fueron detenidos el miércoles 11.
Se trata de Irvin, de 27 años de edad; Freddy, de 29 años y Raúl, de 18, originarios de Guerrero, Campeche y Veracruz. Los primeros dos fueron detenidos en Paseo Nicté, mientras que el tercero fue arrestado en Calle Yumne, Supermanzana 55.
Los tres sujetos, según fuentes de la fiscalía, confesaron el crimen, pero la sociedad cancunense exige que realmente se esclarezca el caso y que no se trate de chivos expiatorios, “sólo para calmar a la opinión pública.
El tema sigue candente y el gobierno estatal debe conducirse con pinzas, pues ahora resulta que ya surgió un supuesto grupo de “Autodefensas de Cancún”, que convocan a empresarios y ciudadanos a sumarse contra el crimen organizado.
Aseguran que no son criminales, que son residentes, “gente del pueblo unido que se levanta en armas para autoprotegernos, ya que los policías no nos garantizan la seguridad”.
El grupo es relacionado con el polémico empresario Carlos Mimenza Novelo, que convoca a manifestaciones para exigir cese la violencia y cárcel para el ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella y el Fiscal, Oscar Montes de Oca Rosales.
