A la llamada Costa Chica de Jalisco llegan los cargamentos con droga, principalmente cocaína, procedentes de Centro y Sudamérica
Quien controlaba la plaza a sangre y fuego para el CJNG era Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, “El Rey Sapo” o “El 90”, un michoacano de 32 años originario de Apatzingán
Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México
Jalisco. – Una de las pugnas que se viven al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se libra en Puerto Vallarta, donde la Organización Criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lava la mayor parte del dinero producto del comercio de drogas, ya sea en hoteles, restaurantes o complejos habitacionales. La importancia que tiene como zona turística para el narcomenudeo, extorsión y otros delitos es inconmensurable.
Puerto Vallarta es un lugar clave para la operatividad del CJNG. A la llamada Costa Chica de Jalisco llegan los cargamentos con droga, principalmente cocaína, procedentes de Centro y Sudamérica, pero también los precursores químicos originarios de Asia, indispensables para la fabricación de drogas sintéticas, las cuales se elaboran en los laboratorios clandestinos ubicados en la Sierra de Jalisco y se distribuyen desde ahí hacia los Estados Unidos.
En la sierra de Jalisco se siembra una gran cantidad de amapola y marihuana. Pueblos enteros ubicados en las inmediaciones de Vallarta se dedican al cultivo de ambas plantas. La cultura del narco está tan asentada en esta región que en la carretera que conduce al puerto es posible ver ostentosos altares dedicados a la Santa Muerte.
Una vez producidas las drogas sintéticas en la zona rural, estas son enviadas a Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta, donde junto con la cocaína procedente de Sudamérica tiene dos destinos: o se vende al menudeo entre los turistas nacionales y extranjeros o se envía en grandes cargamentos hacia Estados Unidos.
Hasta hace un tiempo, quien controlaba la plaza a sangre y fuego para el CJNG era Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, “El Rey Sapo” o “El 90”, un michoacano de 32 años originario de Apatzingán, incluido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la estructura principal del cártel, sólo por debajo de “El Mencho” y de Abigael González Valencia, “El Cuini”, actualmente preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México. “El Sapo” es hombre de todas las confianzas de Oseguera Cervantes.
Diversos informes lo ubican como uno de los posibles sucesores de “El Mencho”, quien actualmente padece de una insuficiencia renal que lo mantiene apaciguado en un rincón de la sierra de Jalisco, desde donde intenta controlar los hilos de la Organización Criminal, que poco a poco se desmorona en facciones enfrentadas entre sí, lo que no ha evitado la acelerada expansión del Cártel hacia casi todo el territorio nacional.
A este personaje se le atribuye la creación de las llamadas “escuelas del terror del CJNG”, cuyas tareas era el reclutamiento de hombres jóvenes para convertirlos en sicarios. Uno de los métodos que usaba era la publicación en redes sociales de ofertas de trabajo como guardias de seguridad.
Una vez que lograban reunir a varias docenas de aspirantes en Guadalajara, estos eran conducidos en camionetas a campamentos ubicados en distintos pueblos de los alrededores. Ahí les informaban sobre la verdadera naturaleza del trabajo. Aceptaban o los mataban.
A “El Sapo” se le atribuye también la masacre de 19 personas en Uruapan, algunas de ellas amanecieron colgadas de un puente en agosto de 2019 y los enfrentamientos en Guanajuato, donde libra una lucha contra el Cártel de Santa Rosa de Lima, de “El Marro”.
Su esposa, Liliana Rosas Camba, de 28 años de edad, fue señalada por el Departamento del Tesoro de administrar negocios a través de los cuales se lava dinero para el Cártel, además de que fue vinculada con el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y con el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, este último acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la FGR de lavado de dinero tras demostrar que recibió depósitos bancarios en sus cuentas por 78.5 millones de pesos, de los cuales 50 millones no pudieron ser acreditados, por lo que se presume son de origen ilícito.
El magistrado fue detenido por agentes federales el 22 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Nº 1.
