*Pese a ser investigada en Italia, la empresa Fincantieri gana concurso en Yucatán. El sucio historial de corrupción, explotación laboral, falsificación de documentos, entre otros presuntos delitos, no importó al actual gobierno de Yucatán, que le otorgó a la empresa italiana un contrato multimillonario para la construcción del astillero más grande de América Latina.
*La empresa «Fincantieri», contratada por el gobierno de Mauricio Vila Dosal para la construcción, en Progreso, del astillero más grande de América Latina es investigada por los delitos de corrupción, falsear declaraciones, emisión de facturas falsas y explotación laboral
*El fiscal de Venecia, Bruno Cherchi, comentó que la Policía Financiera Italiana cateó las oficinas de empresas que operan para el consorcio, tras detectarse graves irregularidades
Redacción/Sol Yucatán
Mérida. – La empresa italiana «Fincantieri», contratada por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, para la construcción del astillero más grande de América Latina, es investigada en su país por los delitos de corrupción, falsear declaraciones, emisión de facturas falsas y explotación laboral.
El proyecto prevé una inversión inicial de 150 millones de dólares, que permitirán construir un complejo de 40 hectáreas en Puerto Progreso para reparar o construir embarcaciones de hasta 400 metros de eslora o longitud.
Durante los primeros meses de 2021, el Gobierno de Vila Dosal lanzará las licitaciones del primer tramo de la obra, que se espera inicie en el segundo trimestre del próximo año.
Para 2024, la constructora estima una inversión de hasta 550 millones de dólares, que se destinarán a la instalación de un muelle flotante, plataformas elevadas, grúas, talleres, oficinas, almacenes y maquinaria especializada.
El Gobierno Estatal se encargará de los primeros trabajos, los cuales, comprenden el dragado, construcción de infraestructura y plantas principales.
El acuerdo del astillero de Puerto Progreso fue firmado de manera virtual el 24 de noviembre por Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico, el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el director general de «Fincantieri», Fabio Galla.
Aunque «Fincantieri» presumió que una vez que el astillero se ponga en marcha darán trabajo a 700 empleados de tiempo completo y otros 2 mil 500, que derivan de la cadena de proveedores y suministros, en Italia los han acusado de esclavizar al personal.
El 19 de julio de este año, obreros sindicalizados denunciaron que son «sometidos a las peores condiciones laborales y remuneración imaginables».
En Italia, el promedio salarial mínimo, va de 10 a 12 euros la hora, con jornadas máximas de 10 horas, empero, en el conglomerado italiano ofrecen 4 ó 5 euros la hora, por 14 horas de trabajo diario, además de no gozar de vacaciones, seguridad social, aguinaldo y pago de horas extras.
«Las cantidades pagadas eran mucho menores y también se encontraron casos de pago de 4 euros la hora, las nóminas se falsificaron de alguna manera insertando un número de horas inferiores a las realmente realizadas o indicando costos que no existen. Si los empleados no tenían la intención de aceptar se vieron amenazados de alguna forma con perder sus puestos de trabajo o no renovar los documentos necesarios para el permiso de residencia», preciso Gianluca Campana, Comandante de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Venecia, durante una entrevista con Antena 3, de la televisión regional de Véneto.
De acuerdo con el periódico italiano II Fatto Ovatidiano, los ejecutivos de la empresa «habrían recibido sobornos para favorecer a empresas bengalíes y en algunos casos también para autorizar más horas de las esperadas, con base a declaraciones falsas sobre la necesidad de terminar la obra, incumplimiento de la obra realizada o cambios en curso».
En ese sentido, el diario Mediapart denunció que sólo 2 mil 500 trabajadores, es decir, 20% del personal, es de tiempo completo, mientras 14 mil empleados están subcontratados, con lo cual, el obrero queda expuesto a más riesgo.
Frente a las acusaciones, «Fincantieri» siempre ha salido a negar cualquier acusación, pues gracias a su buena relación con el Estado, ninguna autoridad verifica o atiende las violaciones laborales, según Mediapart.
El vínculo es meramente económico, pues en los últimos diez años, la empresa ha obtenido ganancias cercanas a los 18 billones de euros, las cuales se ven reflejadas en el Producto Interno Bruto del país.
El 6 de noviembre de 2019, el Fiscal de Venecia, Bruno Cherchi, comentó que la Policía Financiera de Italia había cateado las oficinas de algunas empresas que operan para el consorcio «Fincantieri», tras una investigación relacionada con fraude, corrupción y explotación laboral.
Cherchi confirmó que 34 mandos eran investigados por explotación sistemática de migrantes provenientes de Bangladesh, Rumania, Marruecos y Albania.
«(La investigación pretende) constatar algunos casos de acción de dinero y otros trata que estas empresas (subcontratadas) han proporcionado algunos gerentes de ‘Fincantieri’ para obtener prórrogas de tiempo para la totalidad de estos trabajos y para estar inscrito en el registro de proveedores de ésta», añadió Gianluca Campana.
¡CÓMPLICES!
El Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y su predecesor, Rolando Zapata Bello, son cómplices y están coludidos en graves irregularidades que giran en torno a la construcción de millonarias obras, donde la empresa “PROSER”, de la familia Abraham Mafud, aparece como la favorita, pues se ha llevado al bolsillo numerosas licitaciones, por lo que obviamente ha engrosado su patrimonio.
El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, a todas luces ha sido de mucho lucro, pero no propiamente para el pueblo yucateco ni incluso para todas las empresas que ocupan un espacio en el inmueble cada vez que hay algún evento, sino para el mismísimo Vila Dosal, pues para su remodelación y ampliación se invirtieron más de 400 millones de pesos, una cantidad sin dudas estratosférica, plagada de irregularidades, violaciones a la ley e incluso favoritismo por parte del actual Gobernador de Yucatán, en contubernio con el ex Mandatario Zapata Bello, pues los beneficiados únicamente son los allegados de éstos.
Como dice el dicho, lo más prudente es empezar desde el inicio, pues tan sólo para la realización del estudio para proceder con la remodelación y ampliación del Siglo XXI, el Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal, se gastó $1,285,280.00, es decir, se invirtió más de un millón de pesos tan sólo en ver si el proyecto era factible.
Además, la realización de este estudio únicamente se llevó un plazo de 14 días (del 7 de mayo al 21 de mayo del 2019), o sea, el Gobierno gastó en menos de una quincena más de un millón de pesos, sólo para realizar un estudio para el proyecto de remodelación del Siglo XXI, así de simple.
Otro dato que llama enormemente la atención, es el evidente favoritismo que se le dio a la empresa “ARQUITECTURA JECA, S.C.P.”, pues, entre las tres invitadas para presentar una propuesta para la elaboración del estudio, casualmente la de “JECA” fue la mejor, y cómo no, pues a la hora de evaluar las propuestas la suya era perfecta, no erró en un sólo punto, mientras los otros dos invitados, “MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.” y “MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.”, prácticamente se vieron de brazos cruzados y al momento del dictamen simplemente no les favoreció.
Y esto se volvió a repetir para la elaboración del proyecto ejecutivo para la remodelación del Siglo XXI, pues nuevamente se favoreció a “ARQUITECTURA JECA, S.C.P.”, es más, para esa ocasión sólo se presentaron las propuestas de “JECA” y “MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.”, pero prácticamente ni se tomó en cuenta la de esta última, con el pretexto de que faltaban firmas en la misma, es decir, ni se tomaron el tiempo las autoridades para echarle un ojo al documento.
Por cierto, sólo para la elaboración del proyecto ejecutivo para la multicitada remodelación del Siglo XXI se invirtió la cantidad de $8,269,023.53. Es decir, el Gobierno gastó casi 10 millones de pesos exclusivamente para la planeación de la obra.
Mentira, tras mentira de Vila
Originalmente, la remodelación, ampliación y adecuación del Siglo XXI, que supuestamente sería sede del Tianguis Turístico Internacional, en marzo de 2020, se calculó entre $180 a $200 millones, según declaró públicamente el Gobernador Mauricio Vila Dosal, el 22 de marzo del 2019.
Sin embargo, cuando el Mandatario Estatal dio el banderazo de inicio de los trabajos el 25 de julio del año pasado, al parecer cambió de opinión e informó que la inversión sería de $220 millones, dinero con el cual se ampliaría de 13,000 metros cuadrados a 23,000 m2 las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con lo cual el recinto tendría vigencia para los próximos 25 años.
Estos trabajos incluyeron la construcción de una nueva sala de exhibición, con renovada fachada, la intervención para mejorar los salones Chichén Itzá y Uxmal, y otras áreas como pasillos del mismo edificio y el complejo de cines.
Ahora bien, una vez consultada esta información en la Plataforma Nacional de Transparencia, que, como al parecer ya es una costumbre, deja mucho qué desear, se pudo corroborar que tan sólo para la primera etapa se realizó una inversión de $209,912,644.44.
Mientras, para la segunda etapa se anunció una inversión total de $94,125,497.86. Luego entonces, sumando los gastos de estudios, planeación y remodelación de primera y segunda etapa, se tiene un gran total de $313,592,445.83. Esta cantidad es muy superior a los $220 millones anunciados en su momento por Mauricio Vila Dosal, quien hasta la fecha no ha querido dar una explicación al respecto, pues, en ese momento, la inversión total superaba por $93,592,445.83 a lo anunciado por el Mandatario Estatal.
Pero lo triste de la historia es que, lamentablemente, ese no fue su final. En enero del 2020 se dio a conocer que la remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que sería la sede de la edición 45 del Tianguis Turístico, del 22 al 25 de marzo, se elevó a 400 millones de pesos.
Así, son las mismas autoridades estatales las que violan el Artículo 59 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), que estipula que la ampliación de un proyecto no puede rebasar el 25 % de su presupuesto original.
Originalmente, los trabajos de remodelación, ampliación y adecuación del Siglo XXI para ser la sede del Tianguis Turístico tuvieron un cálculo de entre $180 y $200 millones de pesos, según declaraciones públicas del Gobernador Mauricio Vila Dosal, realizadas el 22 de marzo del 2019; pero ahora serán los ciudadanos quienes deberán pagar el excedente a través de los nuevos impuestos que pretende cobrar el Gobierno, mediante el reemplacamiento programado para el 2022 y la seguridad, por citar sólo algunos.
Y cabe recordar que, al dar el “banderazo” de inicio de los trabajos el 25 de julio de 2019, Vila Dosal informó que la inversión sería de $220 millones de pesos y no de $200 millones, como se dijo en un principio.
Sin embargo, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Ingeniero Virgilio Crespo Méndez, informó que la inversión en los trabajos del Centro de Convenciones Siglo XXI aumentaría de costo, pues la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) solicitó modificaciones como el sistema de voz, datos y cobertura de internet, para que el edificio funcione sin ningún problema durante el desarrollo del Tianguis Turístico.
Agregó que la Sectur solicitó a la Sefotur unas instalaciones especiales sobre el sistema eléctrico, de voz y datos para que se puedan utilizar durante el Tianguis Turístico porque este evento mundial tiene características especiales y es necesario contemplar las recomendaciones para que el edificio funcione adecuadamente.
