Ricardo Ravelo/Sol Campeche
-El marco legal actual permite que los grandes defraudadores no pisen la cárcel, negocien con la justicia y hasta les den protección para poner a salvo su integridad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pregona a los cuatro vientos que su gobierno ha combatido la corrupción y que, como consecuencia de ese logro, el gobierno ha ahorrado un billón de pesos, suficiente para comprar las vacunas que requiere el país, por lo que no es necesario cancelar las obras emblemáticas del sexenio: El tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, entre otros.
Lo cierto es que la versión del presidente no es verificable, pues cuantas veces se ha exigido que presente números, datos, documentos, evidencias simplemente éstas nunca se hacen públicas. Es su dicho y punto. Nada creíble, por cierto.
El combate a la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación ha resultado una bandera política que el presidente ha ondeado, pero en los hechos tal combate no existe.
El caso de Manuel Bartlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, ilustra cómo se cobija la corrupción desde el poder. Su hijo vendió ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social, aprovechando la crisis causada por el coronavirus, con sobreprecios; la empresa fue sancionada por un tiempo pero después fue liberada y no le impusieron ningún castigo.
De igual forma se cuestionó el enriquecimiento de Bartlet Díaz –exsecretario de Gobernación, exsecretario de Educación Pública, exgobernador de Puebla y exsenador de la República –evidenciado a través de las decenas de residencias que posee y que están registradas a nombre de testaferros.
Pese a las denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, Bartlet Díaz resultó ileso: fue cobijado por el poder presidencial. ¿Eso es combate a la corrupción?
Pero el escándalo más fuerte está centrado en los casos judiciales que ha politizado el gobierno de la Cuarta Transformación: la persecución en contra de Emilio Lozoya –exdirector de Pemex –terminó en negociación. El exfuncionario federal, quien huyó de México, fue detenido en España. Después fue solicitada su extradición. Al principio se negó a regresar a México, pero luego que negoció con la Fiscalía General de la República (FGR) todo cambió para Lozoya:
Aceptó allanarse y agilizar su regreso a México para enfrentar a la justicia: lo esperaban sendos expedientes judiciales por cohecho, fraudes en Pemex, sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrech y el daño causado a las finanzas de Petróleos Mexicanos con la compra de la empresa Agronitrogenados.
Sin embargo, Emilio Lozoya no pisó la cárcel: tras arribar al aeropuerto de la Ciudad de México fue llevado al hospital Ángeles para un chequeo médico: le diagnosticaron anemia. Ahí permaneció varios días. Luego fue llevado a un casa de seguridad de la FGR, donde vive actualmente. Desde ahí comenzó a declarar todo lo que sabía sobre la corrupción orquestada en el gobierno de Enrique Peña Nieto en la que él mismo fue un engrane importante.
Delató a los legisladores panistas que recibieron dinero del gobierno, a través de Lozoya, para que aprobaran la reforma energética. Como prueba de la corrupción, entregó un video que muestra el momento en el que personal de Pemex en coordinación con auxiliares de alguno senadores del PAN –entre ellos Francisco Domínguez y Daniel Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas –entregaron paquetes de billetes. Era el pago por
la aprobación por la llamada reforma energética que Peña Nieto vendió al país como la panacea para entrar al mundo de la abundancia cuando, en realidad, era la entrega de los recursos naturales a las empresas privadas extranjeras.
Lozoya, como se observa ahora, es un testigo colaborador de la FGR. Nunca pisó la cárcel y, peor aún, le serán perdonados todos sus delitos.
El mismo camino tomó el caso de Alonso Ancira Elizondo, socio de la empresa Altos Hornos de México y dueño de la planta Agromitrogenados que Pemex compró en casi 500 millones de dólares, pese a ser una verdadera chatarra.
De acuerdo con las investigaciones, en este negocio hubo un sobreprecio de casi 200 millones de dólares que significó un quebranto para las finanzas de Pemex. Por esa razón fue procesado Ancira Elizondo y perseguido Emilio Lozoya.
El empresario regiomontano acaba de ser extraditado de España a México. Le fue dictada la prisión preventiva en razón de que es un hombre multimillonario que puede fugarse de la acción de la justicia.
Sin embargo, la FGR ya está negociando con Ancira: se trata de que devuelva los 200 millones de dólares a Pemex y con eso se podrá ir a su casa. Así se sencillo. Este es el combate a la corrupción de la Cuarta Transformación.
Como el caminito legal es muy conocido, ahora Rosario Robles –presa por cargos de corrupción: se le acusa de haber participado en la llamada Estafa Maestra –propuso acogerse al programa de oportunidad, es decir, volverse delatora, a fin de que el gobierno la perdone y la ponga en libertad.
Después de varios meses, la FGR aceptó que Robles pueda declarar lo que sabe y enderezar acusaciones en contra de quienes participaron en la corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de cuyos manejos oscuros Robles dice ser inocente, aunque se le veía bastante fuera de sus cabales con el dinero que movía en Sedesol, primero, y en Sedatu, después.
Estos casos ilustran con detalles cómo la justicia no se aplica. El marco legal en México está construido para que los corruptos no pisen la cárcel, o si lo hacen, no puedan permanecer presos por mucho tiempo.
El marco legal está hecho para favorecer a los corruptos. Es un esquema legal que facilita todo para que las personas que delinquen, saquean al país y cometen fraudes puedan terminar como testigos estelares, protegidos, bien atendidos y cuidados de que nada les pase. Esas son las garantías que otorga la ley para los mafiosos de cuello blanco.
