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CIUDAD DEL CARMEN, SUMIDA EN EL CRIMEN

  • Unidades oficiales desaparecidas, casi mil elementos policíacos asignados a otras funciones, abusos denigrantes en el penal de Kobén, así como una creciente actividad delictiva en Ciudad del Carmen con una ola de ejecuciones

Redacción/Sol Campeche


(Primera de dos partes)

Campeche.- Unidades oficiales desaparecidas, casi mil elementos policíacos asignados a otras funciones distintas a la protección ciudadana, abusos denigrantes en el penal de Kobén, así como una creciente actividad delictiva en Ciudad del Carmen con una ola de ejecuciones, son los resultados que dejó la pasada administración estatal en materia de seguridad pública, y aunque hasta el momento algunas de estas irregularidades han sido reveladas por la gobernadora Layda Sansores San Román en sus conferencias denominadas “Martes de Jaguar”, no se ha señalado quien sería el verdadero culpable de este caos.

Al exsecretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, le podrían fincar responsabilidades administrativas de salir a flote más actos de negligencia.

En las primeras semanas de esta administración estatal, la nueva secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, ha detectado serias deficiencias en infraestructura y equipo en los destacamentos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pero podría convertirse en cómplice si los hallazgos no llevan hacia una denuncia en la Contraloría del Estado contra el extitular de la dependencia, ya que todo parece indicar que la deplorable situación sólo se está manejando mediáticamente sin que se llame a cuentas a quienes tenían a su cargo la corporación policial.

Ha salido a la luz que se encontraron instalaciones catastróficas en la SSP, con 108 unidades varadas que se deben rescatar en los municipios, y de las últimas 83 nuevas patrullas que fueron adquiridas por el exgobernador Carlos Miguel Aysa González, 23 están sin placas para que puedan circular.

Durante los primeros días del nuevo gobierno, se detectó que mil 163 policías fueron identificados en el pase de revista que se realizó, además de que dicha cifra no concuerda con el pago de nómina de mil 500 elementos policíacos, por lo que se sospecha que hay 337 “policías fantasmas”

Tras varios días se localizó que cuatro policías estatales estaban asignados a actividades diferentes a las que fueron contratados, algunos sirven a exfuncionarios e incluso realizan tareas de jardinería o limpieza en viviendas particulares.

IRREGULARIDADES VEHICULARES

Otra de las irregularidades detectadas ha sido en el parque vehicular policíaco, pues la administración de Carlos Miguel Aysa González reportó 718 unidades, pero solo se han localizado 570 en los municipios, de los cuales 110 ya están para baja, y en Ciudad del Carmen hay siete vehículos Renault eléctricos para el área turística, que están parados porque no tienen base para cargarlos, incluso hay dos en Sabancuy.

Cabe mencionar que esto es parte del negociazo vehicular que emprendió Alejandro Moreno Cárdenas, que solapó y continuó Carlos Aysa e incluso en meses pasados algunas ambulancias de Campeche aparecieron en un remate de autos en el Estado de Yucatán.

En los últimos años se compraron decenas de vehículos para la SSP, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), pero la mayoría de estas unidades no han sido puestas en operación por lo que se presume que pudo tratarse de desvío de recursos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), tan sólo en el primer trimestre del 2021 se adquirieron 123 unidades, entre autos sedán, camionetas, motos, cuatrimotos y hasta camiones colectivos para traslado de pasajeros, a un costo total de 61 millones 668 mil 123 pesos, en nueve contratos; mientras en 2020 se compraron 81 vehículos a un costo de 35 millones 544 mil 897 pesos mediante 13 contratos diferentes.

Al respecto, las nuevas autoridades del Estado han revelado que en algunas dependencias pudo presentarse el “lavado de combustible”, ya que se asignaron vales de gasolina que se repartían entre los servidores públicos, pero una mínima cantidad era para cargar en los vehículos al servicio de la ciudadanía. Esos vales eran cambiados por efectivo y se embolsaban el dinero, por lo que se han iniciado las investigaciones pertinentes.