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CHIHUAHUA, TERRITORIO DE LA NARCO-POLÍTICA

  • En los últimos diez años el crimen organizado consiguió infiltrar hasta la médula a las estructuras de gobierno, particularmente en la Sierra Tarahumara y en el noroeste del Estado más grande de la República
  • Los cárteles de cada región impulsan a sus candidatos a alcaldes e imponen a los secretarios de seguridad pública, a jefes de policía e incluso a secretarios de obras públicas. Hasta deciden que obras pueden realizarse en su territorio bajo control
  • No importa si arrasan pueblos completos para conseguir sus propósitos cuando van sobre los recursos naturales: los bosques, las minas, la tierra y el agua para sus huertas nogaleras, hatos de ganado y cultivos de lo que sea

Redacción/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche

Corresponsales Nacionales

Reportajes Especiales

Chihuahua. – El clima de violencia no se ha frenado en Chihuahua, cuna del “Señor de los Cielos”, al grado tal que la administración del gobernador Javier Corral Jurado cerró con más de 12 mil asesinatos. La ola de ejecuciones y enfrentamientos se los deja de herencia a la panista María Eugenia Campos Galván, quien recientemente tomó posesión como gobernadora.

La narcopolítica es una amenaza constante, ya denunciada en la Organización de Estados Americanos (OEA) por los dirigentes de los partidos políticos nacionales.

Chihuahua ha sido territorio de grandes cárteles del narcotráfico desde hace más de tres décadas. Eso todo mundo lo sabe. Pero en los últimos diez años el crimen organizado consiguió infiltrar hasta la médula a las estructuras de gobierno, particularmente en la Sierra Tarahumara y en el noroeste del estado más grande de la República.

Abierta o soterradamente, los cárteles de cada región impulsan a sus candidatos a alcaldes e imponen a los secretarios de seguridad pública, a jefes de policía e incluso a secretarios de obras públicas.

El salto es tremendo. Antes tenían en su nómina a algunos gobernantes y jefes policiacos. Ahora ellos manejan las nóminas y el erario de los municipios.

Ya pueden decidir, y deciden, las obras que habrán de realizarse en los territorios que tienen bajo su control, mismo que defienden a sangre y fuego contra otros capos criminales que se atreven a disputarles su dominio.

No importa si arrasan pueblos completos para conseguir sus propósitos cuando van sobre los recursos naturales: los bosques, las minas, la tierra y el agua para sus huertas nogaleras, para sus hatos de ganado y sus cultivos de lo que sea. Si tienen que matar a los líderes comunitarios, a los ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que se atraviesan en su camino, los matan.

Ellos determinan ahora la inversión pública en el fomento de actividades económicas en las que lavan dinero. Se convierten en “empresarios decentes” y definen la infraestructura necesaria para sus actividades económicas lícitas o ilícitas. Ejercen el poder a plenitud, porque pueden.

La expansión que han tenido las bandas del crimen organizado en el estado ha facilitado la captación de las esferas del poder, donde funcionarios públicos, agentes, candidatos y otras personalidades terminan por colaborar con estas células delictivas, por el poder, dinero y hasta apoyo durante las etapas de elecciones, según investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

César Augusto Peniche Espejel durante diez años ocupó los más altos cargos en la entidad para combatir al crimen organizado; primero como delegado de la Procuraduría General de Justicia (PGR) de noviembre del 2010 hasta agosto del 2015, durante el sexenio del gobernador priista César Duarte, y luego como Fiscal General del Estado de octubre de 2016, en el gobierno del panista Javier Corral Jurado.

El fiscal Peniche Espejel tuvo una responsabilidad directa en el empoderamiento de esos grupos criminales. Él fue delegado de la PGR, ni más ni menos; y como tal, necesariamente tendría que haber tenido conocimiento del mapa de la delincuencia organizada en la entidad.

Investigar evidencias, escribir y describir los hechos que pusieron al descubierto ya no los vínculos, sino la fusión de narcos y políticos, la estructura misma de la narcopolítica en el estado le costó la vida a la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 27 de marzo de 2017 por órdenes de quien encabeza el grupo criminal de Los Salazar, organización que trabaja para el Cártel de Sinaloa y que en Chihuahua es un secreto a voces que ha financiado campañas electorales de priistas y panista.

Por amenazas o complicidad, jefes regionales del narcotráfico en las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron a jefes policiacos, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas de obras públicas.

Al menos diez directores de Seguridad Pública se encontraban vinculados al crimen organizado, en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos. Son municipios enclavados en territorios en donde actúan dos grupos criminales vinculados con políticos priistas y panistas: “Los Salazares” en el sur de la Tarahumara, y “La Línea”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, encabezado entonces por el Carlos Arturo Quintana, alias “El 80”, preso desde mayo del año pasado.

Cuando el gobernador Corral y el fiscal Peniche anunciaron la decisión de crear un mando único de la Policía Estatal en seis municipios del estado para recuperar, de manera urgente, el control de las policías municipales en Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, se anticipó que la violencia podía recrudecerse, si se cometían errores en la ejecución de esas medidas.

No fue escuchado el llamado de alerta. Y vinieron más enfrentamientos, masacres, desparecidos, desplazados, torturados. Crímenes atroces, sanguinarios.

En los municipios de la zona noroeste del estado, donde opera el Mando Único instaurado en febrero de 2017, a partir de ese día han sido asesinadas 840 personas.

En el municipio de Madera, y con mayor crudeza en el poblado de Las Varas, se han registrado ya varios enfrentamientos con saldos de decenas de víctimas.

El pasado 15 de agosto, en un operativo conjunto de La Policía Militar, la Policía Federal y la Policía Estatal, fueron detenidos 14 policías municipales junto con el director Operativo de la Policía Municipal de Madera, José Luis M.M, éste último es el único que continúa preso, los demás fueron liberados “por falta de pruebas”, luego de haber sido acusados de obstruir un operativo contra el grupo criminal de Francisco Arvizu, “El Jaguar”, que opera en la zona.

El fiscal Peniche declaró que el jefe policiaco José Luis M.M brindaba protección a “El Jaguar”, líder criminal del cártel de Sinaloa. También dijo el fiscal que fue el alcalde panista Jaime Torres Amaya, quien designó en ese cargo al hoy detenido.

A pesar de que en 2016 se evidenció la postulación de candidatos ligados al crimen organizado, esta relación entre poder y delincuencia organizada no ha cesado, ya que a la fecha han capturado a directivos de corporaciones de seguridad, funcionarios y otros personajes por apoyar a cierto grupo en el estado.

Desde Chínipas, pasando por Urique, subiendo a Madera, Gómez Farías, Namiquipa, Ignacio Zaragoza, Janos, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Jiménez, Ojinaga, Parral y Satevó, existen registros de servidores públicos que han o sirven a distinto grupo criminal, en diversas temporalidades o fechas, según los registros de captura o archivos periodísticos.

En la zona de Ignacio Zaragoza existe un conflicto entre candidatos del PRD y Movimiento Ciudadano, donde en mayo de 2018 un comando armado incendió domicilios, mató candidatos y alertó a Reyes Felipe Mendoza de no buscar la candidatura, ya que existían ciertos intereses de grupos del crimen organizado.

Estos hechos evidenciaron que el exalcalde Florencio Nevárez Franco mantenía relación con el grupo del Cártel de Juárez, toda vez que presuntamente sus hermanos José y Jorge integraban algunos cargos al interior de dicha organización, lo cual fue declarado por varios pobladores de esa región.

En esa región han muerto varios funcionarios a raíz de presiones de miembros del Cártel de Sinaloa, quienes al no obedecer instrucciones de los criminales optan por privarlos de la vida, como ocurrió con el tesorero Guadalupe Payán Villalobos, el síndico Antonio Quezada, la candidata Liliana García y otros más.

A minutos de ese municipio se encuentra Gómez Farías, otro territorio que se mantiene en conflicto con grupos criminales, donde en 2017 se reportó el secuestro del director del Hospital Regional, Blas Juan Godínez Loya, por sujetos armados, quien a la fecha no ha sido localizado en vida o sus restos, además de que no existe pista alguna sobre su paradero, sólo que pudieron habérselo llevado luego de un enfrentamiento armado.

Por este motivo, su hijo, Blas Juan Godínez Ortega, inició la búsqueda de su padre por varios meses, incluso derivado de su activismo logró la candidatura por Morena para la Presidencia Municipal de Gómez Farías, pero en septiembre de 2018 estuvo a punto de perder la vida, luego de que un sujeto solitario le disparara en la cabeza.

El 24 de noviembre, la Fiscalía General de la República detuvo a Roberto G. M., “el Mudo” o “el 32”, presunto líder criminal del grupo La Línea en la región noroeste del estado, quien antes de esto fungió como elemento de seguridad e incluso como escolta de varios funcionarios locales.

A “El Mudo” le fincaron cargos por la masacre de la comunidad mormona de LeBarón, al igual que al director de la Seguridad Pública de Janos, Fidel Alejandro V.V., quien fue detenido en diciembre de 2019 por su presunta participación con este mismo grupo criminal.

En los municipios de Parral y Jiménez se han detenido a varios elementos de seguridad, quienes declararon haber participado con grupos del crimen organizado, en la zona de Parral, con el grupo de Los Salgueiro y en el otro extremo con el grupo del Nuevo Cártel de Juárez.

LA NARCO-POLÍTICA SE NORMALIZÓ

En 2018, la oleada morenista no llegó a la Sierra Tarahumara ni a la región noroeste. Allá ganaron candidatos impulsados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también por el Partido Acción Nacional (PAN), algunos cuestionados por su cercanía con grupos delictivos.

La narcopolítica se normalizó, a pesar de las denuncias porque los capos controlan la vida serrana. Los asistentes a actos de campaña y los votantes transitaron entre hombres que con armas largas al costado les advirtieron por quién votar, entre casillas resguardados por ellos. Hubo levantones exprés de militantes opositores al PRI, como en el caso de Guachochi. Los acarreos esta ocasión fueron evidenciados por algunas personas en video.

Desde ese año, los grupos delictivos decidieron apoyar a algunos candidatos a través del PAN, ante el desprestigio generalizado del PRI en algunos municipios y apostaron a figuras priístas en otros.

En la Tarahumara, en el proceso electoral recién concluido del 2021, por lo menos 6 municipios serranos registraron sólo de 1 a 3 candidatos o candidatas a la alcaldía porque no hay condiciones para competir: En Morelos sólo tuvo candidato el partido de Morena. En Carichí, Cusihuiriachi, Chínipas, Guazapares, Moris y Urique, sólo tuvieron tres candidatos a cada uno.

Se registraron denuncias públicas de candidatas y candidatos familiares de líderes de grupos delictivos en distintos municipios, sin que tuvieran consecuencias por parte de la autoridad electoral.

En el municipio de Buenaventura, la alcaldesa es Miriam Aras Caballero, quien ha sido señalada públicamente en medios locales, como cercana al grupo La Línea a través de su hermano.

En Urique, la alcaldesa con licencia Mayra de Jesús Díaz Gutiérrez es hermana de Pedro Díaz Gutiérrez, ligado al líder del grupo que controla la zona por el cartel de Sinaloa, Noriel Portillo, “El Chueco”, quien se encuentra entre los delincuentes más buscados en Chihuahua, según la Fiscalía General del Estado.

Pedro Díaz está implicado en el asesinato del norteamericano Patrick Braxton. También están ligados a las desapariciones de grupos de personas en las minas del municipio. Sus familiares han sido alcaldes por el PRI. Es un municipio que fue gobernado históricamente por el PRI.

Otro ejemplo es el municipio de Guadalupe y Calvo, que forma parte del Triángulo Dorado porque colinda con las sierras de los estados de Sinaloa y Durango, la región con mayor producción de droga desde hace más de 5 décadas.

En ese municipio, el PAN postuló a Jesús Velázquez Rodríguez, ex priísta presuntamente ligado al narco. Se le conoce popularmente como narcoactor porque participó en la filmación de películas con temas de narco. Ha filmado: “La Ram Blanca”, “Plomo en la Sierra” y “La Manzana de la Discordia”.

Como si fuera un campo minado, la ciudadanía de la Sierra Tarahumara y del estado de Chihuahua, vive las realidades violentas del municipio. Lo que no dijo fue que la presencia del crimen organizado vuelve a la democracia un prospecto escurridizo. Cuando pocos candidatos y candidatas participan, y quien lo hace parece representar a una población que porta armas, las elecciones no ofrecen a la ciudadanía opciones verdaderas. Y los gobiernos que surgen de estas situaciones fracasan en proteger a los ciudadanos y ciudadanas contra el abuso.

La violencia y la impunidad es una “terrible herencia” que se deja al nuevo Gobierno del Estado.

La entidad se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional en feminicidios, con 30 casos en lo que va del año, de acuerdo a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los grupos delincuenciales han acrecentado su “poder” en territorio chihuahuense, no solamente con la violencia extrema, sino a través de la diversificación de los “negocios” como es el tráfico de seres humanos, drogas sintéticas, secuestro y el “cobro de piso”.

Según la información del SESNSP, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016 (inicio de la administración de Javier Corral Jurado) se registraron 468 homicidios de alto impacto; en el 2017 hubo 2 mil 012 homicidios; en el 2018 la cifra llegó 2 mil 255; en el 2019 se registraron 2 mil 585 casos; en el 2020 fueron 2 mil 715 casos, hasta el mes agosto del 2021 se llevaban registrados 2 mil homicidios. La impunidad es del 97 por ciento.

Recientemente se dio a conocer la Cartografía del Feminicidio en México que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH- y que se sustenta en cifras oficiales del SESNSP, por lo que Chihuahua se ubica en el sexto lugar nacional, sólo superado por el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas.

Además, se supera la media nacional de 0.75 delitos contra mujeres por razones de género, colocándose en el 5º lugar con 1.14 por cada cien mil mujeres sólo por debajo de Morelos, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa.

El estado tiene tres municipios que se ubican entre los 100 con mayor incidencia de feminicidios en el país. Se trata de Ciudad Juárez, que está en el 4º lugar, y la capital en el 7º lugar, mientras que Aquiles Serdán está en el 53 de la lista. Nada bueno.

Respecto a los homicidios dolosos de mujeres, de enero a junio del presente año se habían registrado 137 casos. Esta situación nos pone en el 3º de todo el país, con una tasa de 7.08 por arriba de la media nacional que alcanza el 2.11.

Ante este alarmante crecimiento de la violencia, se decretó la Alerta de Violencia de Género, por parte del gobierno federal. Pero, únicamente se incluye a Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo.