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¡CHATARRA DE 240 MDD!

*De acuerdo con la ASF, la administración de Enrique Peña Nieto tiene un registro de 112 mil millones de pesos de recursos por aclarar, lo que indica que fueron gastados pero de manera irregular en las dependencias y organismos federales del Gobierno central, desarrollo económico y desarrollo social

*Entre las irregularidades detectadas se encuentran casos como la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, por la que Pemex pagó 240 millones de dólares, más 200 millones en contratos para las obras de rehabilitación

*La planta nunca operó. Cuando se realizó la compra, Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, fue acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque presuntamente había recibido 3.4 millones de dólares de soborno por ayudar a concretar la operación de compraventa

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México.- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración de Enrique Peña Nieto tiene un registro de 112 mil millones de pesos de recursos por aclarar, lo que indica que fueron gastados pero de manera irregular en las dependencias y organismos federales del Gobierno central, desarrollo económico y desarrollo social.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF se encuentran casos como la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, por la que Pemex pagó 240 millones de dólares, más 200 millones en contratos para las obras de rehabilitación.

Contratos realizados para las obras de rehabilitación de Agronitrogenados:

*Contrato CS-2013011 (Jacobs Engineering de México, S.A de C.V.) 2015: 122.8 mdd
*Contrato núm. AGRO-DG-003/14 (Grupo Avanzia Mexico)
*Fase I 2015. Estimaciones (de la 1 a la 13) 76.2 mdd
*Contrato núm. AGRO-DG-003/14 (Grupo Avanzia Mexico)
*Fase I 2016. Estimaciones (de la 14 a la 21) 109.8 mdd
*Contrato núm. AGRO-DG-003/14 (Grupo Avanzia Mexico)
*Fase II 2016. Estimaciones (de la 22 a la 25) 109.7 mdd
*Contrato núm. PRO-AGRO-10/16 para la rehabilitación y operación de los carbonoductos
(concesionado) 24.0 mdd

La planta, que era chatarra, nunca operó. Cuando se realizó la compra de la planta de fertilizantes, Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, fue acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque presuntamente había recibido 3.4 millones de dólares de soborno por ayudar a concretar la operación de compraventa.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-18T5K-04-0438/438-DE, realizada a P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz, se determinaron 3,071,402.6 millones de pesos por aclarar.

El 29 de agosto de 2014, se formalizó el contrato número AGRO-DG-003/14, para desarrollar la ingeniería, procura y construcción de la rehabilitación de las plantas de urea y otras instalaciones auxiliares en el esquema a libro abierto por un monto de 80,000.0 millones de dólares a precios unitarios para la fase I, quedando pendiente la determinación del monto a precio alzado de la fase II y un plazo de 610 días naturales, del 29 de agosto de 2014 al 29 de abril de 2016.

Mediante la orden de cambio núm. 1 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 17 de noviembre de 2015, las partes acordaron modificar las cláusulas primera, tercera y quinta del contrato, referentes a las definiciones, importe y plazo, determinando el estimado del costo final por 443,099.2 millones de dólares y un periodo de ejecución de 943 días calendario, del 29 de agosto de 2014 al 28 de marzo de 2017.

Mediante la orden de cambio núm. 2 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 29 de julio de 2016, las partes acordaron el inicio de la fase II, la modificación de algunos términos y condiciones contenidos en las cláusulas cuarta, quinta, séptima, octava, décima, décima séptima y vigésima séptima, el programa de ejecución los anexos 1, 2, 5, 8, 10, 15, 17, 18, 20 y 21 referentes a la fase II, el plazo de ejecución, el precio, las penalizaciones, los representantes autorizados, las órdenes de cambio, la subcontratación/cesión, el programa de ejecución, los alcances generales, el catálogo de conceptos, el procedimiento de coordinación, los libros de proyecto, el control del proyecto, los peritos, las garantías de desempeño, la procuración de equipo, los materiales y servicios, las penas convencionales y los términos y condiciones para la definición de alcances y parámetros para la determinación del estimado de costos y la fijación del precio alzado, respectivamente; además, la exclusión de los trabajos relacionados con la rehabilitación y las pruebas de los carbonoductos de 12 y 18 pulgadas de diámetro, las plantas de nitrógeno, la planta de regulación y medición ERM y el suministro de gas natural y la planta de tratamiento de agua.

En la sesión del Consejo de Administración de PMI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., del 2 de junio de 2016, se expusieron los avances del proyecto al cierre de marzo de 2016; en el rubro de ingeniería el 74.0%, en el de procura el 59.0% y en el de construcción del 35.0%, quedando pendiente la manifestación de impacto ambiental de los carbonoductos en función de los trabajos de rehabilitación. Asimismo, la fecha estimada de entrada en operación de las dos plantas sería la primera de ellas en mayo de 2017, y la segunda en el tercer trimestre de 2017.

Además se señaló que para la autorización del proyecto, la administración de PMI infraestructura del Desarrollo, S.A. de C.V. realizó un proceso de “due diligence” con la empresa Jacobs Engineering de México, S.A de C.V., para que se analizara la planta que se pretendía adquirir, con la finalidad de saber en qué condiciones se encontraba y cuánto se requeriría de inversión para rehabilitarla; con base en estos estudios y otros más realizados por la administración, se autorizó la compra y el desarrollo de este proyecto.

De igual forma se encontró que, al abrir los equipos, éstos tenían un nivel de deterioro previsible. Otro factor que se tiene que tomar en cuenta es el referente a la antigüedad de la planta, que es de 30 años; dichos equipos no fueron abiertos para la valoración de su estado, previamente a su adquisición, debido a que el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería su garantía.

Como consecuencia, se requirió sustituir el 60.0% de los equipos, porcentaje que resultó más alto del proyectado. La única ventaja a favor de cambiar los equipos por unos nuevos, es que la empresa Jacobs realizó un estudio respecto al impacto en la vida útil de la planta y reveló que económicamente tenía que cambiar los equipos a fin de dar una vida útil de 10 años adicionales a los que inicialmente se tenían programados.

Como parte de este cambio de perspectiva del proyecto, su vida útil se incrementó de 15 a 25 años. Sobre el particular, mencionó que las nuevas inversiones que se realizan permitirán incrementar la vida útil de los equipos en 10 años, aumentando de esta manera la rentabilidad del proyecto.

El consejo de administración de la sociedad autorizó el incremento de la inversión de capital a 760,000.00 millones de dólares, integrados por la compra de activos por 273,000.00 millones de dólares, para ingeniería, procura y construcción 438,000.0 millones de dólares; la rehabilitación de los carbonoductos hasta por 24,000.0 millones de dólares; el costo de la administración del proyecto por 16,000.0 millones de dólares; y otros gastos por 9,000.0 millones de dólares; y en estos montos se consideran la totalidad de los costos necesarios para el funcionamiento del proyecto.

En cumplimiento al Acuerdo CA-142/2016 adoptado en la Sesión 915 Extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, como parte de la Primera Reorganización Corporativa de Petróleos Mexicanos, el 14 de junio de 2017, se efectuó la transferencia de las acciones de Pro Agroindustria, S.A. de C.V. y P.M.I. Norteamérica a las empresas filiales de Pemex Fertilizantes PMX Fertilizantes Holding, S.A. de C.V. y PMX Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V., lo que quedó asentado en el acta de la misma fecha.

Tomando en cuenta que originalmente se presupuestó que la planta se rehabilitaría con 195.0 millones de dólares, y con base en las 25 estimaciones de obra pagadas de la fase I y fase II, se observa que el costo de la rehabilitación tuvo un incremento de 100.7 millones de dólares y 956.6 millones de pesos, sin considerar el costo adicional de 24 millones de dólares para los carbonoductos los cuales están concesionados.

Los montos pagados en 2016 y considerados en las estimaciones de la 14 a la 25 son 219.5 millones de dólares y en moneda nacional se han pagado 589.4 millones de pesos.

Los principales resultados de la ASF se refieren a:
Se incumplió con los objetivos y las metas establecidas por las cuales realizó la adquisición y rehabilitación de la planta de fertilizantes. Los costos han sido rebasados de 80,000.0 a 443,099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría no ha generado utilidades para el Estado y el proyecto no ha sido rentable.

Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de su adquisición.

No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría subcontratar; asimismo, no se cumplió con verificar que la contratista demostrara su capacidad técnica, material y humana conforme a lo pactado en el contrato.

Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin señalar cuándo se realizarán, no obstante que son relevantes para la operación de la planta.

Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas.

No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor del autorizado.

La contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

En los subcontratos de suministro de personal por administración directa no se establecieron las cantidades de horas hombre por ejecutar en cada uno de ellos.

Se realizaron pagos sin soporte documental que acreditara los trabajos realizados.

No se justifican diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según estudios previos realizados a estos.

Se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto.

En los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos no se justificó el procedimiento, los análisis, estudios y la integración detallada para la determinación del periodo de concesión, ni para el establecimiento de la tarifa que cobrará.

El dictamen de la ASF se emitió el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:

Se incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos han sido rebasados de 195,000.0 a 443,099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable.

Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de su adquisición.

No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría subcontratar; asimismo, no se cumplió con verificar que la contratista demostrara su capacidad técnica, material y humana conforme a lo pactado en el contrato.

Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin señalar cuándo se realizarán, no obstante que son relevantes para la operación de la planta.

Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas.

No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor del autorizado.

La contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

En los subcontratos de suministro de personal por administración directa no se establecieron las cantidades de horas hombre por ejecutar en cada uno de ellos.

Se realizaron pagos sin soporte documental que acredite los trabajos realizados.

No se justifican diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según estudios previos realizados a estos.

Se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto.

En los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos no se justificó el procedimiento, los análisis, estudios y la integración detallada para la determinación del periodo de concesión, ni para el establecimiento de la tarifa que cobrará.

No se justificaron las causas de la exclusión, el diferimiento en su ejecución y la fecha de conclusión de los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos.