Retropolicíaca

CASO STANLEY: UNA ACELERADA INVESTIGACIÓN

  • Primero, algunos medios de comunicación “exigieron” la renuncia de las autoridades del Departamento del Distrito FederalPrimero, algunos medios de comunicación “exigieron” la renuncia de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, y luego, porque el asunto no parecía tan complejo: Un ladrón de autos, conocidísimo, se había apoderado de un Jetta gris, en el que horas después se trasladaron varios hampones al Charco de las Ranas, seguros de que ahí estaría Paco Stanley, contra quien se ejercería la venganza o lo que fuese.

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

(Quinta parte de siete)  

Ciudad de México.- La averiguación se aceleraba, primero porque algunos medios de comunicación “exigieron” la renuncia de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, y luego, porque el asunto no parecía tan complejo: Un ladrón de autos, conocidísimo, se había apoderado de un Jetta gris, en el que horas después se trasladaron varios hampones al Charco de las Ranas, seguros de que ahí estaría Paco Stanley, contra quien se ejercería la venganza o lo que fuese.   

Los ocupantes del Jetta robado por Juan Márquez Curiel, “El Diablo”, indudablemente eran amigos o conocidos del chofer. Era cuestión de interrogar “científicamente” al manejador detenido y confesaría la identidad de sus “cuates”.   

Pero, con la elegancia que da la impunidad, “El Diablo” les dijo una y otra vez: “Pregúntenme por el carro, ni modo de negar que lo robé, (el dueño, Ricardo Krasovsky Santa María, ya había declarado contra el ladrón), pero de Roxana no diré nada”.   

Por esos tiempos también había sido arrestado Walter Dean Halloran—26 de julio de 1999—como integrante de una poderosa banda, era traficante de armas y se le decomisaron dos subametralladoras calibre .45, con silenciador, “armas que hacía mucho tiempo no se veían en México”.   

Cuando el mercenario fue puesto a disposición de un jefe policial llamado Mauricio Tornero, se dijo que “algo tenía que ver con el asunto Stanley”,   

Tornero comentó que “ya no quería saber nada del caso Stanley” y Walter Dean Halloran fue consignado únicamente por secuestro” (¿?).   

Uno de los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Distrito que también participó en el “debilitamiento” de las consignaciones, fue el Subdirector “B” de Procedimientos Penales, Leonardo Hugo Vera Reyes, quien sólo envió a prisión a Juan Márquez Curiel por “robo de auto”.   

Se “escapa” una hermosa edecán, con quien quería tener relaciones Paco Stanley, traicionando no sólo a su esposa sino a la madre de Paul Stanley Durruti; es detenido el conocido delincuente que robó el auto utilizado por los matones para atentar contra el locutor; es liberado Javier Fernando Durruti, con quien el comentarista de televisión sostuvo tratos confidenciales; Mario Rodríguez Bezares miente a placer y se convierte en sospechoso; su mujer da a luz un niño rubio y de ojos azules, lo que despierta la suspicacia de mucha gente; Televisa jamás da a conocer la identidad de la edecán colombiana que logró salir de México desde Cancún; se comprueba que la expedición de credenciales de Gobernación, para la portación de armas de fuego, no era tan urgente como se aseguró para otorgarlas; y se alteran los informes oficiales policíacos quizá para engañar al Procurador Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, y para redondear el extraño asunto se da crédito a dos cautivos de la justicia: un reo que intentó “ganar la recompensa ofrecida por Televisión Azteca” y otro preso que dijo “haber escuchado el tenebroso plan de ajusticiar a Stanley”.  

Para ello culpó directamente a la edecán Paola Durante Ochoa, a Erasmo Pérez Garnica, “El Cholo”—presunto delincuente que carecía de cabello–, el comediante “Mayito” quien también es capturado por considerarse que “traicionó a Stanley” y los escoltas del locutor sacrificado.   

Si los crímenes del “Charco de las Ranas” hubiesen tenido como víctimas a dos individuos poco célebres, el asunto habría sido calificado como “papita” por la Policía Judicial del Distrito, la DIPD—antes Servicio Secreto—y la Policía Judicial Federal.   

A un individuo le fue tendida una celada: “alguien” avisó con toda oportunidad el sitio donde estaría la “presa”, tres hombres armados llegaron con pistolas dotadas de proyectiles capaces de atravesar blindajes delgados y masacraron al desventurado.   

De paso mataron a un comensal infortunado, lesionaron a su esposa, hirieron a un acomodador de autos y a uno de los ayudantes de la víctima principal.   

Los tres se dieron a la fuga en un auto gris que abandonaron por ahí cerca, manchado con la sangre de uno de ellos—tiroteado por dos policías que desde el principio dijeron que los agresores tenían cabello normal, ninguno era “pelón”—y se vio a una mujer, en un puente peatonal, cortando cartucho a una pistola y dejando caer una bala, calibre 9 milímetros.   

Inexplicablemente, uno de tres asaltantes a mano armada que robaron la noche anterior el auto gris de la fuga, fue identificado y perseguido hasta Cancún, donde llegó en compañía de una edecán, a quien pretendió en amores la principal víctima del tiroteo.   

“Del auto les digo todo lo que quieran, pero no me pregunten por la colombiana prófuga, no diré palabra alguna al respecto”, aseguró el maleante.   

Ahí estaba lista la “papita al horno” en sentido policial: el ladrón de autos capturado en Cancún diría el nombre de quien le pidió conseguir el automóvil gris, probablemente era el mismo autor intelectual del crimen y el asunto se iría directamente al juzgado penal que correspondiera en turno.   

El asunto hubiera sido debidamente protocolizado: se habría solicitado a Colombia la extradición de la bogotana Alicia Roxana Vivanco Reyes, quien no hacía muchos años había obtenido permiso migratorio para trabajar como edecán en Televisa. Tal vez la señora habría sido capturada no porque se tuvieran pruebas en su contra por homicidio, sino porque su esposo, novio, amigo parecía estar absolutamente involucrado en la emboscada mortal del “Charco de las Ranas”, en la ciudad de México, 7 de Junio de 1999, Día de la Libertad de Expresión.   

Sin embargo, al paso de las horas y mientras el personal de Televisión Azteca y Televisa protagonizaba terrible crítica para las autoridades del entonces Distrito Federal, quienes debían “renunciar” ante la ola de violencia, el “fuego amigo” se ponía de acuerdo para distorsionar absolutamente el caso, porque comenzaron a aclararse presuntos contactos con el narcotráfico local.   

Susana Manterola, vocera de la Procuraduría, afirmó que el nombre del emboscado, Francisco Jorge Stanley Albaitero, estaba anotado en una lista especial de la DEA.   

También la Secretaría de la Defensa Nacional y su Sección Segunda de Inteligencia Militar, hizo llegar “antiguos” análisis del asunto al Presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas: el nombre del conductor asesinado aparecía como “enlace” dentro de la estructura del Cártel de Juárez, cuando lo dirigía Amado Carrillo Fuentes.   

“Sin querer queriendo” copias certificadas de las tarjetas informativas de Inteligencia Militar, fechadas entre 1994 y 1997, estaban archivadas eventualmente como anexos del expediente penal 1160/97, enderezado contra el coronel Pablo Castellanos García, por “revelación de secretos”. Esas pruebas contra Stanley, (de quien la CIA dijo no tener queja), estaban bajo custodia del Juzgado Segundo Militar, prisión de “La Mojonera”, Zapopan, Jalisco.   

Y el asunto “papita”, “a la francesa”, bien “horneado”, comenzó a deshacerse entre las manos de las autoridades capitalinas: el polémico y conocido funcionario Jesús Murillo Karam, arrojó gasolina al fuego político cuando dijo que “las credenciales que se entregaron a Stanley, “Mayito” y “El Güero Gil”, fueron cedidas en un acto completamente legal”, pero otro político lo desmintió al hablar de “irregularidades”.   

Tan era así que el individuo que firmó las credenciales para portar armas y que hacía pasar como empleados federales al trío de comediantes, fue obligado a renunciar y años después fue rafagueado en el Estado de Hidalgo, cuando viajaba con un amigo en una camioneta blanca y sin blindaje, de su propiedad.   

Además, el caso se tornó delicado porque no sólo se habían entregado tres credenciales “legales” o “irregulares”, sino muchas otras cuyos portadores fueron advertidos de no exhibirlas de manera imprudente: periodistas, intelectuales, etcétera.   

Así, la policía comenzó a buscar seres peligrosos y “pelones” como presuntos responsables del asesinato de Paco Stanley, a sabiendas de que los criminales no eran calvos.  

Tampoco se solicitó la extradición de la edecán colombiana Alicia Roxana Vivanco Reyes y, como sucede con frecuencia, se “localizaron” chivos expiatorios al alcance de la mano: la edecán Paola Durante, Mario Rodríguez Bezares, Francisco Jorge Gil, el “pelón” Erasmo Pérez Garnica, (quien tenía antecedentes penales), y otros inocentes.   

Se llegó a rumorar para “dar cuerpo a las investigaciones”, que las constantes humillaciones sufridas en su carrera por ayudantes de personajes de cine, teatro y televisión, “los patiños”, siempre conllevan altas dosis de rencor oculto.   

Y que no era el dolor físico el que lastimaba al ayudante, sino la pena de soportar burlas, empellones, humillaciones mil, (“Cantinflas” era cruel con todo mundo, golpeaba, abofeteaba, lastimaba verbalmente), para arrancar la risa de los espectadores.   

Se creía que tarde o temprano los pastelazos, piruetas forzadas, saltos obligados, danzas ridículas, podían llegar a cansar a los pacientes “patiños”.   

Se ponía de ejemplo al “Chicote”, Luis Armando Velázquez de León y Soto La Marina, quien figuró en muchas películas como chaparrito bonachón, tolerante, crédulo, sencillito, cuando que en la vida real era agresivo, golpeador, explotador, aficionado al alcohol y contrabandista de mariguana.   

Al final de su existencia se declaró en huelga de hambre en las afueras de la ANDA, como protesta de que los productores “se olvidaron de él más de diez años”…   

Paulatinamente fue arrojándose al olvido el caso Stanley, mientras sus parientes cercanos se disputaban la cuantiosa herencia que jamás hubiera podido dejarles con su sueldo en las empresas televisoras.   

Residencias en diferentes sitios, autos de lujo, “casita de descanso” en la Colonia Roma, donde celebraba reuniones privadas; “montañitas” de Centenarios y gruesos fajos de dólares; inversiones en “paraísos fiscales”, cuentas bancarias, etcétera.   

Unos años después de su deceso, no hubo miles de admiradores exhibicionistas en el cementerio donde reposa, a pesar de que el locutor procuraba declamar con frecuencia que “no es el poder, ni la fama ni el dinero, es el amor, el sentimiento intenso que nos salva del olvido”.   

Y si dejó de interesar Paco Stanley menos pudo importar a la sociedad el discreto fallecimiento por enfermedad de su cuñado, Javier Fernando Durruti Castillo, relativamente famoso por su violenta actividad al margen de la ley.   

Tío del ahora empleado de televisora, Paul Stanley Durruti, uno de los herederos de la fortuna mencionada, Fernando Durruti fue víctima de un cruel padecimiento que se inició al recuperar su libertad.   

El ahora extinto, según la policía, intervino en la matanza de colombianos cuyos cuerpos aparecieron en el Río Tula en 1982. Y más tarde se habría encargado de “silenciar” al asesino del periodista Manuel Buendía Téllezgirón, cuando el homicida hablaba en una cabina telefónica localizada en Iztacalco, ciudad de México.   

En años posteriores fue arrestado junto al resto del comando policial que mató a los colombianos, incluso se trató de achacarle el atentado contra Buendía, para lo que fue disfrazado de beisbolista llanero, con la intención de que algunos presuntos testigos lo “reconocieran, sin lugar a dudas”.   

La maniobra no resultó, (la intención era cobrar muchos millones de pesos que como recompensa se habían ofrecido a quien colaborara para aclarar totalmente el asesinato de Buendía), y Javier Fernando Durruti Castillo fue sentenciado a 15 años de prisión de los cuales cumplió 11 y salió libre poco tiempo antes de que Paco Stanley fuese acribillado de cuatro balazos en la cabeza, con una pistola calibre .40, que no abundaban en México.