Se trata de cuatro empleados del taller «Rotor Flight Services», empresa encargada de dar el servicio al helicóptero en el que viajaron los Moreno Valle. Ninguno de los delitos por los que son acusados amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que es casi imposible que permanezcan en la cárcel. Fueron detenidos bajo los delitos de homicidio culposo, falsedad de declaraciones y daño en propiedad ajena; las detenciones se ejecutaron en Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
Redacción/Sol Yucatán/Sol Quintana Roo/Sol Campeche/La Opinión de México
Corresponsalías Nacionales
Puebla. – Los cuatro empleados detenidos, José Antonio N., María Magdalena «N», Ricardo «N» e Israel «N», empleados de la empresa «Rotor Flight Services», son los chivos expiatorios del Gobierno Federal en las investigaciones del helicóptero, donde fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle Rosas.
Tras ser detenida en la Ciudad de México, María Magdalena «N», fue entregada a autoridades de la Fiscalía de Puebla para ser puesta a disposición del juez pertinente y se determine su situación jurídica.
A dos años del accidente aéreo en el que perdieron la vida la pareja de políticos poblanos, se ejecutaron órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado, bajo delitos de homicidio culposo, falsedad de declaraciones y daño en propiedad ajena.
También se dio a conocer que las detenciones se llevaron a cabo en Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, por lo que ya fueron puestos a disposición ante un juez para iniciar su proceso.
De acuerdo con el reporte final del Gobierno Federal sobre el accidente, este se debió a negligencias de parte de las empresas «Servicios Aéreos del Altiplano» y «Rotor Flight Services», quienes no hicieron el cambio de piezas requerido por la aeronave, mismas que por su mal estado provocaron la caída del helicóptero.
Los cuatro detenidos son cuatro empleados del taller «Rotor Flight Services», empresa que realizó el servicio al helicóptero en el que viajaron los Moreno Valle en la Navidad de 2018, y ninguno de los delitos por los que es acusado amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que es casi imposible que permanezcan en la cárcel.
Dos años después del «helicopterazo» y en plena Navidad, la Fiscalía General de Puebla ejercitó de manera sorpresiva la acción penal derivada de la carpeta de investigación abierta por el accidente ocurrido el 24 de diciembre de 2018.
Los trabajadores detenidos son del taller «Rotor Flight Services», que se encargaba del mantenimiento al helicóptero «Augusta», y era el preferido de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que según las bitácoras, no era la primera vez que lo utilizaba.
Los chivos expiatorios fueron aprehendidos bajo los delitos de homicidio culposo, falsedad de declaraciones y daño en propiedad ajena. Las detenciones se ejecutaron en Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, por lo que los cuatro implicados ya fueron puestos a disposición ante el juez para dar inicio con el proceso correspondiente.
El pasado 27 de marzo del presente año, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó en una rueda de prensa que el motivo de la caída del helicóptero de los Moreno Valle fue por problemas en los actuadores lineales de la aeronave, como ya se había informado.
El abogado Gilberto Vladimir Montalvo González, quien supuestamente lleva la defensa de Ricardo «N», técnico en mantenimiento de aviación, declaró que su arresto sucedió cerca de las 18:00 horas del jueves, en la colonia Del Valle de la ciudad de Puebla.
El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio, relató su abogado, aunque desconoce el grado de responsabilidad que se le presume, dado que hasta el momento no ha tenido contacto con él.
Tampoco la familia ha podido verlo. Montalvo González anunció que interpondrá un recurso de amparo ante esta circunstancia.
Ricardo «N» ha contribuido desde hace dos años con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en las investigaciones del caso «y aunque es poblano, por cuestiones de trabajo tuvo que mudarse a Chihuahua».
Montalvo aseguró que la familia del detenido le comunicó que, en los días previos al accidente, este advirtió a los Moreno Valle «que la aeronave no estaba en condiciones para usarse, sin embargo, no siguieron sus recomendaciones».
La pregunta que nos seguimos haciendo es: ¿Quiénes fueron los beneficiarios?, ya que jamás existieron líneas de investigación sobre presuntos culpables o autores intelectuales.
El entonces Gobierno Federal entrante se hizo cargo de «las investigaciones» y tuvo que pasar el 2019 para que ofrecieran una explicación posible del «supuesto accidente», por demás inverosímil.
Javier Jiménez Espriú, entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, trató de explicar y justificar «algo» que no llegó a ser una versión creíble y comprobable, ello provocó una gran incertidumbre y dudas más que razonables.
La percepción de la mayoría de la gente es que se manipularon las condiciones políticas de Puebla, muchos creemos que con la muerte de la Gobernadora hubo beneficiarios, por eso, millones de mexicanos creemos que pasarán los años y el crimen jamás será aclarado, como suele ocurrir en todos los magnicidios.
Interrogantes para la Fiscalía
El helicóptero «Agusta Grand 109» en el que viajaban Érika Alonso y Rafael Moreno Valle cayó en picada. Los peritos denuncian el hecho como inusual: no es común que el rotor principal de una nave como esa termine haciendo círculos sobre la tierra.
Ha sido ya descartado que el helicóptero hubiera recibido un proyectil, así que la causa más obvia del accidente es de origen mecánico.
Cabe formular como hipótesis que una mano criminal haya averiado la nave para provocar la muerte de sus tripulantes, también existe la teoría de un acto de negligencia mecánica.
Esta es la pregunta que el Fiscal Investigador del caso deberá despejar: ¿dolo o negligencia?
En cualquier caso, las pistas apuntan hacia el taller responsable de dar mantenimiento al helicóptero: «Rotor Flight Services», cuyo propietario es José Antonio Vázquez Torales y cuyos mecánicos responsables en Puebla son Ricardo Montiel y Mario Gutiérrez.
Aquí algunas interrogantes que el fiscal debe resolver:
1. En 2013 la empresa «Eolo Plus» entregó la operación del helicóptero a la compañía «Servicios Aeroportuarios del Altiplano (SAASA)». ¿Por qué entonces «Eolo Plus» no compartió las bitácoras de la nave correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013?
2. ¿Qué ocurrió con el daño detectado en el motor de esa nave a finales del año 2017?
3. ¿Cambió «Rotor Flight Services», taller contratado por el Gobierno de Puebla para dar mantenimiento a esa nave, el motor o la parte del mismo que presentaba daño? ¿Cuándo sucedió esa reparación?
4. ¿Por qué, después del accidente, la tuerca que sujetaba el rotor principal de la nave mostró evidencia de sobrecalentamiento? Ese estado de la pieza sólo puede explicarse si el helicóptero despegó teniendo suelta esa tuerca fundamental.
5. ¿Cuándo fue la última vez que «Rotor Flight» dio mantenimiento al rotor del helicóptero? ¿Por qué los encargados del taller, Montiel y Gutiérrez, permitieron que el helicóptero viajara con ese presunto desperfecto?
6. Erika Alonso y Rafael Moreno no solían volar juntos. ¿Por qué ese día cambiaron su rutina?
7. El capitán Ulises Salas y el capitán Marco Tavera eran los responsables de volar la nave y, sin embargo, de última hora, Roberto Cope, que era el director de servicios logísticos del Gobierno de Puebla, y por tanto el jefe de ambos, instruyó a Salas para que se fuera a descansar. ¿Por qué Cope piloteó el helicóptero ese 24 de diciembre?
8. ¿Sabían Salas y Tavera del desperfecto en el motor que presentó el helicóptero un año antes? ¿Lo sabía Roberto Cope? ¿Tenían información estas tres personas sobre la reparación realizada al motor? ¿Conocían sobre el mantenimiento que recientemente los empleados de «Rotor Flight» le habían hecho al rotor?
9. «Rotor Flight Services», sus dueños y sus mecánicos, deberían ser parte central de la investigación. ¿Por qué el Gobierno de Puebla no ha suspendido todavía el contrato de mantenimiento con esta compañía?
10. ¿Por qué «Rotor Flight Services» mantiene oficina dentro del hangar del Gobierno de Puebla?
11. ¿Por qué «Rotor Flight Services» participa en la organización de la información solicitada por la Fiscalía?
12. ¿Quién era el verdadero dueño del helicóptero accidentado?
13. ¿Por qué los dueños de «Eolo Plus», Juan Armando Hinojosa Cantú y Ariel Zeev Picker Schatz, transfirieron en 2013 la operación de la nave a «SAASA», cuyos propietarios eran los tlaxcaltecas Rafael y José Antonio Torre Mendoza?
14. ¿Qué relación tenía el ex Gobernador Moreno Valle con los hermanos Torre Mendoza?
15. ¿Hubo conflictos de interés entre los dueños del helicóptero, los pasajeros, los operadores, los responsables del taller o el director de servicios logísticos?
