- El outsourcing negro ilegal, negro o color mugre, como quieran llamarle se da incluso en instituciones que deberían perseguirla, incluida la SHyCP y FGR; La subcontratación la viene utilizando desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y tenía como propósito desengrosar la burocracia y debilitar a los sindicatos oficiales.
- Está más que comprobado que el Estado, al igual que en todo el país, miles de empresas incurren en ilegalidades como: Facturación de operaciones indebidas o la falta de retenciones o pagos al IMSS y en consecuencia ni siquiera tendrán derecho a un retiro digno.
- La Procuraduría Fiscal de la Federación advirtió que conforme a la nueva ley, las empresas que adquieran servicios derivados de “outsourcing ilegal” podrían ser investigadas y sancionadas como la delincuencia organizada hasta con 20 años de cárcel.
Redacción /Sol Campeche/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México
Campeche.- El Estado es un auténtico paraíso para las denominadas empresas outsourcing, sobre todo, esas que son creadas con el propósito de evadir obligaciones fiscales, pero sobre todo obrero-patronales.
Manuel Hinojosa Jáuregui, asesor de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) y el veterano petrolero habla con conocimiento de causa, pues fue uno de los testigos del desmoronamiento de Oceanografía S.A. de C.V., empresa que “durante las dos últimas décadas manejó sus recursos humanos a través de las también denominadas tercerías o subcontratistas”.
“En su mejor momento, Campeche dio trabajo a más de 190 mil personas (actualmente el registro es de 155 mil), según consta en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y podemos asegurar que por lo menos un 50 por ciento de estos trabajadores, operaban bajo el esquema outsourcing.
“Carmen es -aún- el principal polo de desarrollo económico petrolero a nivel estatal y regional, por lo tanto es aquí donde más auge tuvieron y tiene las empresas del ramo.
“Por aquí debe comenzar el presidente Andrés Manuel López Obrador su trabajo de limpia para erradicar esta práctica que mucho daño ha causado a la clase trabajadora, a las instituciones de seguridad social y a las arcas de la Federación”.
EL OUTSOURCING EN LA AGENDA DE LA 4T
El pasado 28 de octubre, en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para acabar con el abuso en el outsourcing.
El Gobierno Federal considera que el referido esquema va en contra de los intereses de los trabajadores y que encubre actos de corrupción.
“Había un facturero que está siendo investigado que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. ¿Saben cuántos empleados tenía formalmente? Doscientos mil empleados para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones”.
El combate a las malas prácticas de las también denominadas tercerías por parte del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no es nuevo, pues en el arranque de la actual administración se anunció que se harían las reformas necesarias a la legislación federal vigente, con el propósito de sancionar a quienes hagan uso abusivo o ilícito del esquema outsourcing.
Al respecto, es necesario mencionar que en enero del presente año, la Procuraduría Fiscal de la Federación advirtió que conforme a la nueva ley, las empresas que adquieran servicios derivados de “outsourcing ilegal” podrían ser investigadas y sancionadas hasta con 20 años de cárcel.
Tal aseveración fue hecha por el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, precisamente durante una de las conferencia de prensa mañaneras en Palacio Nacional en la que se dijo que quienes incurran en outsourcing serán castigados de la misma manera que se castiga a quienes incurren en el delito de delincuencia organizada”.
MUCHO DAÑO AL TRABAJADOR
En Campeche continúa practicándose el también denominado “outsourcing negro” y que es urgente que el Gobierno Federal acabe con esta práctica que han hecho un daño irreversible al trabajador mexicano.
Desde hace muchos años se debió actuar y combatir en contra de todas aquellas empresas que usaron la subcontratación para evitar el pago de cuotas de seguridad social, Infonavit e incluso evitar defraudar al fisco.
Está más que comprobado que en Campeche, al igual que en todo el país, hay una enorme cantidad de empresas que incurren en ilegalidades como: Facturación de operaciones indebidas o la falta de retenciones o pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Existen varias decenas de miles de campechanos, sobre todo en Ciudad del Carmen, a quienes el esquema de subcontratación de recursos humanos hizo mucho daño y en consecuencia ni siquiera tendrán derecho a un retiro digno.
Uno de los daños más graves es el hecho de que miles de campechanos que fueron subcontratados nunca tendrán una pensión digna, porque simplemente nunca se les inscribió en el régimen del Seguro Social y si así fue, no cotizaban con el salario real.
“Esa práctica es la que mantiene a miles de campechanos mendingando atención médica o solicitando subsidios gubernamentales. El crimen social y humano cometido por estas empresas, en contubernio con el gobierno federal es enorme.
“OUTSOURCING NEGRO”
El empresario del ramo joyero y exdiputado local Roger Castillo declaró que el “outsourcing negro” no es un mal que únicamente padezcan las empresas privadas, ya que consideró que “la subcontratación fue un esquema que es aplicada tanto por éstas como por las instituciones gubernamentales.
“La 4T lo sabe. El outsourcing negro ilegal, negro o color mugre, como quieran llamarle se da incluso en instituciones que deberían perseguirla, incluida la Secretaría de Hacienda y la propia FGR. La subcontratación la viene utilizando desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y tenía como propósito desengrosar la burocracia y debilitar a los sindicatos oficiales.
“En el medio petrolero PEMEX se convirtió en uno de los principales promotores de esta mala práctica, que se convirtió en un verdadero cáncer laboral.
“El abuso del outsourcing es nocivo para el trabajador y la hacienda pública. Entonces creo que primero debería eliminarse esa práctica también en las instituciones públicas.
