*Reporta la Auditoría Superior irregularidades por 67 mil mdp en el gobierno de la 4T
Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México
Ciudad de México.- Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados 871 auditorías al gasto federal del 2019 y detectó que fueron utilizados de forma irregular 67 mil 498.4 millones de pesos, el presidente López Obrador arremetió contra el organismo fiscalizador y exigió a la Cámara de Diputados que investigue a fondo el “informe, politiquero, tendencioso y falso” sobre costo de cancelación del aeropuerto.
“Pues sí exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos, se va a informar aquí (…) Le están dando mal la información a nuestros adversarios y creo que no deben de prestarse a esas campañas”.
La queja del presidente parece ser que hizo eco en San Lázaro y los diputados de Morena y sus aliados se lanzaron contra la ASF y les obligaron a rectificar y decir que había errores en el dictamen de la auditoría.
La noche del lunes pasado, la ASF a través del auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael emitió un comunicado donde corrigió el costo de la cancelación del NAICM. Sin embargo, la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados expresó que este órgano no se puede retractar de los informes que emite.
El diputado emecista, Mario Alberto Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de Cámara de Diputados, aclaró que “la Auditoría no se puede retractar de los informes publicados” y recordó que estos documentos de la Cuenta Pública, tienen pendiente una segunda etapa en la que deben ser confrontados en todas las observaciones con las autoridades pertinentes.
El legislador comentó que quizá Agustín Caso “tuvo algún tipo de presión o que quiso salir a justificar su trabajo”, pero acotó que en todas las auditorias hay discrepancias y no tienen que decirse en un oficio, pues recordó que para eso es la confronta donde se desahogan las observaciones que hace la ASF, pero eso no supone que hubo una malversación.
Mientras tanto, Manuel López Obrador celebró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya corregido sus revisiones, pues en el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) que se construía en Texcoco, la diferencia del costo era del 75%.
“En el caso de la Auditoría, se equivocaron y celebro que lo hayan aclarado (…) toda la prensa conservadora empezó a manejar ayer que yo había presionado a la Auditoría, casi casi que los había torturado para que se retractaran… también el Wall Street Journal, el New York Times, El País (…) No tiene nada que ver con el gobernador de Tamaulipas, yo sí quiero dejar de manifiesto que no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse que no somos tapadera de nadie … que no se tape nada, sea quien sea”.
Además, el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México detectó tres errores de la ASF, los cuales explican más del 75% de la diferencia en costo de cancelación del proyecto Texcoco. Cabe señalar que inicialmente la Auditoría estimó que cancelar el aeropuerto tuvo un costo de 331 mil 996 millones 517 mil pesos.
Los informes corresponden a las auditorías del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluyen las observaciones a obras insignia de esta administración como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía). También se hicieron auditorías a los programas sociales que nacieron en este sexenio como Becas para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida y el Crédito Ganadero a la Palabra.
Citan a funcionarios de la ASF a comparecer ante diputados
En el marco de las atribuciones que tiene la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, órgano responsable de la vigilancia de la fiscalización superior, y derivado de la presentación de los informes por parte de la Auditoría Superior de la Federación el pasado 20 de febrero de 2021, el día de ayer las y los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión acordaron realizar mesas de trabajo para analizar, conjuntamente con el Titular de la Auditoría Superior de la Federación y los Auditores Especiales responsables de las auditorías en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, los nformes de auditoría a la Cuenta Pública 2019, mismas que iniciarán el lunes 1 de marzo.
Asimismo, a través de un comunicado, señaló que atendiendo a la solicitud de diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios que integran la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizará las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades y llevará a cabo los procedimientos legales y administrativos que establece el marco legal aplicable, para que llegado el momento se puedan deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar, si fuera el caso.
Con estas acciones, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control refrendan el compromiso de la Cámara de Diputados de fortalecer la fiscalización superior, el control de los recursos públicos y promover los principios de honestidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción, valores esenciales de nuestra democracia.
Persecución contra auditor busca tender un manto de opacidad sobre uso irregular del presupuesto en 2019: Verónica Juárez
Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que el auditor David Colmenares, debe comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias del informe correspondiente a la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019.
“La persecución que el Presidente de la República ha desatado en contra del titular de la ASF por los errores en la metodología del informe respecto al gasto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, busca tender un manto de opacidad sobre las irregularidades detectadas en todas las áreas del Gobierno Federal durante el primer año de su administración”, alertó en un comunicado.
Además, indicó, “las supuestas fallas metodológicas no indican que no se haya registrado un sobrecosto en el NAIM”.
“Tomando como base las cifras del secretario de Hacienda y aun considerando el posible error de la ASF, el costo de cancelación del aeropuerto rondaría en un mínimo de 200 mil millones de pesos. Cifra que es el doble de lo que sostiene el gobierno. Aunque este costo podría ser mayor dado que no se está considerando el rendimiento de los 84 mil millones de pesos (4,200 mdd) que Arturo Herrera acepta que todavía están en circulación y que todavía debemos”, explicó.
Expuso que “las inconsistencias sólo refieren al presupuesto erogado en la cancelación del INAIM, pero hay otras observaciones sobre el manejo irregular del presupuesto en el Tren Maya, en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y múltiples dependencias y sectores, que el Ejecutivo Federal está obligado a aclarar”, advirtió la diputada federal por Jalisco.
“El GPPRD estará atento a la explicación del auditor y de que, si algo se tiene que aclarar, que se precise; pero de ninguna manera permitirá que las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, se pretendan utilizar con fines ajenos a la justicia y como instrumentos de López Obrador para perseguir a quienes cuestionan su gobierno”, afirmó Juárez Piña.
ASF rechaza descalificaciones de AMLO
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública rechazó las descalificaciones en su contra y aseguró que han atendido los requerimientos de información y evidencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019 y puso a su disposición más de 30 mil expedientes.
En el informe Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la ASF detalló que los más de 67 mil millones de pesos, 28 mil 730.4 millones de pesos fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios.
Durante el informe, el titular de la ASF, David Colmenares, detalló que entre los sectores que más irregularidades presentaron está el de Comunicaciones y Transportes con 22 mil 331.5 millones de pesos presuntamente mal ejercidos o sin la comprobación suficiente.
También se detectaron anomalías en las secretarías que operan la mayor parte de los programas sociales: la de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576.0 millones de pesos, y la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos.
Destacó que el gasto federalizado de 2019, es equivalente a 1.9 billones de pesos y agregó que se revisó de manera especial, pues significa aproximadamente una tercera parte del gasto neto de la Federación.
El auditor superior de la Federación, David Colmenares, informó que la institución ha iniciado mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la integración de mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
También mil 385 pliegos de observaciones se encuentran dictaminados por su no solventación, en revisión legal para iniciar los procedimientos correspondientes de investigación o fincamiento de responsabilidad resarcitoria, según corresponda.
Añadió que con la pandemia de Covid-19, la ASF reinició el trabajo presencial en julio del 2020, pero los auditores se enfrentaron con obstáculos por parte de las instituciones auditadas.
“Con el retorno a la nueva normalidad, nos enfrentamos con muchos casos de negativa para la entrega de información, y su condicionamiento al cambio de semáforo a verde en la Ciudad de México, en el caso de las radicadas, en la ciudad sede de los Poderes de la Unión; sin embargo, utilizando las medidas que nos otorga la Ley, logramos superar esa primera barrera, así como la incomprensión y resistencia en otros casos”, expuso.
Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó 232% más de lo previsto por el gobierno de AMLO
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, costó, al menos, 331 mil 996 millones de pesos. Dicha cantidad representa un 232% más de lo estimado por el gobierno federal.
De acuerdo con la ASF, el 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estimó un costo de 100 mil millones de pesos por la cancelación del NAICM. Sin embargo, la ASF señaló que la SCT de la actual administración sólo consideró la inversión que se hizo y el valor de la cancelación anticipada, sin contemplar otros gastos.
“En esa estimación la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”.
Detalló que el costo total de la cancelación del NAICM incluye 163 mil 540 millones de pesos (49.3%), de gastos erogados en 2019, que corresponden a gastos por la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios (78 mil 127 millones de pesos); los costos derivados del esquema de financiamiento, relativos a la recompra del 30% de los bonos emitidos y a la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E (84 mil 915 millones de pesos), y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto (498 mil 504 pesos). Los 168 mil 455 millones de pesos (50.7%) restantes, se relacionaron con que, a 2019, aún quedaban procesos pendientes.
Por lo anterior, la auditoría señaló que el costo estimado por la cancelación del NAICM podría incrementarse debido a que, a 2019, quedaban pendientes la liquidación del 70% de los bonos restantes, con un valor de 79 mil 265 millones de pesos, más las comisiones que se tendrían que pagar a los tenedores por aceptar la oferta. En caso de que no hubiera oferta de recompra por los bonos aún en circulación, agregó la ASF. Éstos tendrían que pagarse en sus fechas de vencimiento (2026, 2028, 2046 y 2047) lo cual, generaría intereses por 89 mil 190 millones de pesos.
Además, señaló que falta la liquidación de algunos contratos suscritos, los cuales no tenía identificados el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), ni sabía los costos de liquidación. Según el informe, a 2019, el GACM pagó 7 mil 629 millones de pesos por la liquidación anticipada de contratos.
La ASF identificó también que a 2019 el GACM había suscrito un total de 692 contratos y convenios para el desarrollo del proyecto de inversión del NAICM, que ascendieron en total a 167 mil 475 millones de pesos, de los cuales se ejercieron, para el pago de contratos, 70 mil 497 millones de pesos, hasta antes de la cancelación del NAICM.
Estos, señala el informe, son pérdidas para el Estado y sólo se podrán recuperar ciertos materiales de construcción y equipo, los cuales podrán ser donados o vendidos para otras obras.
ASF advierte riesgos en aeropuerto de Santa Lucía por omisiones en la planeación
La ASF reportó que inconsistencias financieras, de planeación y administración en la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles ponen en riesgo su entrada en funcionamiento en el año 2022, como lo tiene previsto el gobierno federal.
Alertó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de construir el nuevo aeropuerto civil y militar, ha incurrido en una serie de omisiones que comprometen la rentabilidad y la operación de una de las principales obras de infraestructura del gobierno de López Obrador.
La Sedena no ha actualizado las proyecciones de demanda de pasajeros, su gestión de riesgos no es completa y tampoco presenta avances en las obras de interconexión entre el nuevo aeropuerto ubicado en Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La ASF advierte importantes carencias de la Sedena en su relación con otras dependencias de gobierno y organizaciones relacionadas con la aviación, así como una estrategia incompleta que conecte al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el aeropuerto de Toluca y el AICM.
“No contó con una estrategia integral de transporte y de interconexión terrestre entre los tres aeropuertos, por lo que existe el riesgo de que se afecten los beneficios esperados y se requiera de un mayor monto de inversión y, en consecuencia, el Estado no obtenga la rentabilidad originalmente esperada”, establece la auditoría 2019-0-07100-07-0069-2020 titulada “Proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles”.
Advirtió que la entrega de recursos para el proyecto no ha sido conforme lo prometido inicialmente. La Secretaría de Hacienda ha asignado en el presupuesto federal sólo 31 mil millones de pesos de los 68 mil millones que se consideran necesarios para la primera fase del proyecto entre 2019 y 2021. El dinero entregado es 45.7 por ciento menos que lo establecido en el análisis costo-beneficio del proyecto, por lo que la ASF advierte que el presupuesto debe incrementarse para los siguientes años o asignar recursos por otro medio a las obras del aeropuerto, de lo contrario no entrará en funciones como se tiene planeado y podría afectar la rentabilidad de la inversión.
La ASF apunta que no pudo conocer si los trabajos de construcción en el nuevo aeropuerto avanzan conforme a los plazos previstos, ya que en el programa general de obra no se establecieron metas anuales. Tampoco pudo cuantificar el porcentaje de avance de las obras, lo cual le impidió hacer un diagnóstico al respecto.
Sin permiso de SCT
En la auditoría 2019-0-07100-07-0067-2020 titulada “Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA)”, la ASF revela que la Sedena no tiene permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para construir un aeropuerto.
Mientras la Sedena respondió a la Auditoría que no necesita ningún tipo de permiso porque la construcción la realiza en un predio de su propiedad, la SCT no especificó a la ASF las causas por las cuales no otorgó concesión o permiso para construir el aeropuerto.
Además, destaca la ASF, la Sedena no acreditó contar con el documento que afirme que el terreno donde se construye el aeropuerto es de su propiedad.
La Auditoría plantea también los problemas que generará la operación de un aeropuerto mixto y la falta de regulación al respecto.
“Se comprobó que no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto bajo la modalidad civil-militar, lo que puede presentar problemas futuros en caso de que en el país se construya un proyecto similar, así como en el proceso de operación del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y las operaciones militares propias de la base aérea”, indica.
La ASF también exhibe la opacidad que ha caracterizado a la Sedena en todo lo relativo a la construcción del aeropuerto ubicado en Santa Lucía, en el Estado de México.
“En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes”, indica el organismo en su informe 2019-0-07100-07-0069-2020.
